Restricciones de concesiones por falta de agua tendrá fuerte impacto competitivo

La prohibición para explotar el agua para uso industrial en 16 estados de la República Mexicana que pronto pondrá en marcha el Gobierno federal, va a tener un fuerte impacto en la productividad del país.

Además, esta decisión que comunicó Raquel Buenrostro el 8 de mayo de este año tiene un tinte político, más que tratarse de una estrategia para proteger los recursos naturales del país, advierte Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“El anuncio de la secretaria Buenrostro va por otro lado, de alguna forma se quiere forzar nuevas inversiones en el sur y sureste del país y específicamente en este caso en el Corredor Transístmico en Veracruz y Oaxaca”, advierte el especialista.

La funcionaria federal señaló que en breve se publicará, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), cuáles serán los estados en los que “no hay agua” y únicamente se darán concesiones para el uso industrial con la autorización presidencial. Sin embargo, dos mapas que muestran la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas presentada por esa dependencia, advierten que son los estados del norte y el bajío del país en los que podría llevarse a cabo este veto.

Son justo estas entidades federativas en donde se concentran industrias como la automotriz, la electrónica y de insumos médicos. De hecho, son los estados que más se han beneficiado de la relocalización de líneas de producción de empresas extranjeras en México con el objetivo de abastecer al mercado de Estados Unidos, pese a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha querido dar prioridad al desarrollo de infraestructuras y enfocar inversión extranjera en el sur y sureste del país.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), subsectores como los enfocados en maquinaria y equipo, automotriz y fabricación de productos metálicos, así como fabricación de camiones pesados, de la región norte del país, se han visto beneficiados ya sea por el aumento de la demanda por parte de productos de Estados Unidos o el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) que ocurre en el marco del nearshoring.

De las empresas encuestadas, las más beneficiadas por la Inversión Extranjera Directa (IED) son las ubicadas al norte del país en hasta 6.5 por ciento, frente a las 3.2 por ciento que se ubican en el centro norte del país y dos por ciento del centro y uno por ciento de las que han recibido estos beneficios en el sur.

Ocampo apunta que esta disposición sería una estrategia similar a la que se intentó llevar a cabo con la planta de Tesla en México, cuando el presidente López Obrador hizo declaraciones en torno a que esta inversión se podría localizar en otra región del país que no fuera el norte, pese a que el gobierno local de Nuevo León apuntó desde el inició de las negociaciones que en ese estado se establecería la planta.

Otro ejemplo de que se busca dar prioridad al sur y sureste del país en materia de inversiones es la relocalización de la sede para la planta de la cervecera Constellation Brands de Mexicali, en donde se planteó originalmente, a Veracruz; precisamente por una supuesta escasez de agua. Se trata de una inversión de mil 400 millones de dólares.

“Para algunas industrias no va a ser racional ir al sur o sureste del país. Por ejemplo la industria automotriz, porque toda la cadena de valor, todo el capital humano están en el norte, la logística está en el norte, los proveedores.El agua no puede ser la única consideración porque entran otras variables más”.

Sin estudios o presupuesto

Si bien es cierto que en diversas regiones del país hay un problema de abasto de agua, el otorgamiento de nuevas concesiones debe de depender de la disponibilidad de agua en las cuencas, mismo que se determina a través de estudios técnicos, señala Ocampo.

“Lo que habría que hacer es actualizar los estudios de disponibilidad de agua, prácticamente tenerlos actualizados en tiempo real con tecnologías que existen hoy, y a partir de que otorgaste la concesión en un volumen razonable, monitorear que se cumpla con un volumen adecuado, cosa que actualmente no se hace porque el presupuesto de Conagua ha ido disminuyendo de forma sistemática desde 2019”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2018 se ejercieron 35 mil 400 millones de pesos en materia hídrica, para 2019 fueron 29 mil 600, en 2020 fueron 27 mil 400 y en 2021 se destinaron 26 mil 100 millones de pesos.

“Lo que se tiene que hacer es tener un control de en dónde está tu mayor consumo, cómo puedes hacer un uso racional, cómo se pueden minimizar pérdidas, pero prohibir no es la solución porque estás teniendo un impacto de competitividad, posible desarrollo de crecimiento para estas regiones que tampoco es válido”, señala el integrante del IMCO.