Respaldo social, ingrediente necesario para invertir
De la misma forma que las empresas hacen un estudio de mercado para establecer un proyecto en una comunidad, también resulta necesario contar con un proceso que encamine al “respaldo social”
María Fernanda NavarroPuede que haya miles de millones de pesos comprometidos en un gran proyecto de inversión, pero si éste no cuenta con el respaldo social de la comunidad en la que se pretende instalar hay grandes probabilidades de que no avance.
Los grandes negocios están, hoy más que nunca, ligados a los procesos sociales y políticos de las zonas en donde se establecen, por lo que es indispensable que cualquier gran proyecto de inversión lleve a cabo estudios de impacto social y cuente con un equipo especializado en “licencias sociales”.
Aunque el concepto de “licencias sociales” es poco extendido aún en el mundo de los negocios, sí será cada vez más necesario, advierten los integrantes de E360, una consultoría especializada en “inteligencia social para que prosperen los negocios”.
El desmantelamiento de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, es un ejemplo de las afectaciones que puede tener el rechazo social y poco acercamiento de las empresas con las comunidades
“Además de las redes sociales que están al alcance de todos, existe la creciente necesidad de la sociedad de participar, de informarse de lo que está pasando y ser parte de las decisiones que toma el Estado pero también la iniciativa privada, por ello es importante contar con estos servicios, porque las decisiones ya no son unilaterales”, explica Romi Barberi Gómez, cofundadora de E360.
Un ejemplo de las afectaciones que puede tener el rechazo y poco acercamiento a las comunidades es el desmantelamiento de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, luego de que en marzo de 2020 a través de una consulta popular impulsada por el Gobierno federal los habitantes de la zona decidieron parar la obra y no permitir la operación de su compañía.
Dicho proyecto tenía un presupuesto de inversión de aproximadamente mil 400 millones de dólares y tenía previsto iniciar operaciones en 2020.
Habitantes interesados por el impacto que dichos proyectos puedan generar en sus comunidades, pero también círculos políticos, organismos enfocados en el cuidado del medio ambiente o poblaciones regidas por usos y costumbres son los grupos que más comúnmente exigen a las empresas explicaciones de los proyectos y en ocasiones integran grupos de oposición a las obras.
Pero también están los grupos de interés opuestos a las empresas interesadas en levantar un proyecto o funcionarios corruptos que establecen trabas al avance de los proyectos de inversión, explica Ennrique Pérez Correa, cofundador de E30.
“Nosotros le proponemos a los empresarios que esto forme parte de su estrategia y modelo de negocios, independientemente de que sea vinculante o no. Así como haces tu estudio de mercado que no lo dice ninguna ley pero sondeas tu posibilidad de éxito a través de un estudio de mercado, también tienen que instalar un proceso de socialización con la comunidad en proyectos productivos y con base en ello tomar decisiones”, explica.
Estos servicios de consultoría especializada en respaldo social son necesarios para grandes y medianas empresas que planean llevar a cabo algún proyecto que impacte la vida de las comunidades en las que se asentarán, agrega Barberi Gómez.
Disparidad legal del respaldo social
En el país no existe como tal la figura legal de la “licencia social”, pero hay diversas disposiciones que exigen a las empresas encargadas de los proyectos informar el impacto de éstos a la ciudadanía, mitigar daños y llevar a cabo otro tipo de obras sociales.
En la Ciudad de México, por ejemplo, las obras de infraestructura están obligadas a publicitar la información y en caso de que esta sea de grandes magnitudes llevar a cabo una consulta vecinal si así se requiere. En Jalisco y Nuevo León, así como en municipios de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo el marco jurídico obliga a las empresas a contar con la “anuencia vecinal”.
En tanto que en la Ley de Asociaciones Público-Privadas se mandata presentar estudios de rentabilidad social y en el caso de proyectos energéticos se requiere de la evaluación de impacto social.
“Invertir en el consenso de la comunidad le agrega valor a las empresas, las legitima, les da certidumbre. El respaldo social para proyectos es tan importante como hacer una mecánica de suelos, un estudio ambiental, un estudio de viabilidad, de lo contrario ahí se detiene tu proyecto y se muere tu inversión”
Para llegar al necesario consenso social E360 se enfoca en estudiar el caso en particular, que incluye el contexto de la comunidad, la viabilidad de proyecto y la revisión de licencias y permisos, entre otros elementos; diseñar una estrategia con elementos como el sondeo de aliados y adversarios, gestión de permisos y definición de herramientas; desarrollar campañas y negociaciones a través de acercamiento a las autoridades, campañas sociales y de medios y la generación de respaldos; y por último la generación de consensos.