La importación de hidrocarburos al país por parte de empresas privadas será costosa y lenta ante a la formación de “enormes embudos” debido a que se limitaron los puntos por los que podrán ingresar estas mercancías.
Grupos empresariales encendieron las alarmas ante las modificaciones establecidas en junio de este año por el Gobierno federal a las reglas generales de comercio exterior que limitan las zonas para el despacho de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos.
Esta medida establecida por la administración de Andrés Manuel López Obradror tiene por objetivo principal limitar la importación ilegal de gasolinas y diésel conocido como “huachicoleo fiscal”, señalan especialistas, aunque admiten que generará impactos en la distribución y costo de los energéticos.
“El comercializador e importador compran el producto en Estados Unidos y dependiendo donde se lo pidieron buscan donde bajarlo, si se lo pidieron en Tijuana lo baja en pipas, si lo pidieron en Tabasco baja un buque, manda pipas a los buques y los llevan a estaciones.
“Van a cambiar las líneas de logística, al comercializador cuando se de cuenta que ya no puede utilizar ciertas terminales ya no va a tener precio competitivo y le va a salir muy caro”
El 11 de junio de 2021 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior que establecen que únicamente a las empresas productivas del Estado se les permitirá la entrada y salida de mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, el biocombustible y algunos precursores químicos por zonas conocidas como Lugar Distinto al Autorizado (LDA).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó la semana pasada a través de un comunicado que esta medida tendría una afectación potencial a mediano plazo de entre 25 y 48 por ciento de las importaciones de petrolíferos, lo que a su vez pondría en riesgo la seguridad energética y el abasto de combustibles.
Además, las disposiciones generarán mayores costos de operación en los “eslabones” de la cadena de valor del suministro de los energéticos, que finalmente incidirán en el precio al consumidor en las estaciones de abasto de gasolina y diésel, asegura Onexpo Nacional, la asociación de gasolineros más grande de México.
“Como organización que agrupa a asociaciones de empresarios gasolineros de todo el país, Onexpo ha abierto espacios de análisis y discusión de esta y otras medidas regulatorias y disposiciones y confía en que las autoridades las revisarán y harán ajustes a las mismas”, apunta el organismo a través de un posicionamiento oficial enviado a Reporte Índigo.
Cabe destacar que actualmente 70 por ciento del consumo en México de gasolina y diésel son importados y la participación total de empresas privadas en este mercado es del orden de 40 por ciento.
La medida también ha sido señalada de imponer barreras a la competencia en este mercado toda vez que da exclusividad a empresas del Estado como Pemex respecto a otros competidores que importen petrolíferos o que deseen participar en su importación impactando con ello los mercados de hidrocarburos.
Contra huachicol fiscal
Sin embargo, Montufar señala que la medida no se enfoca en favorecer a Pemex y sí en atacar el contrabando de estas mercancías que han generado una competencia desleal en el mercado y boquetes a las finanzas públicas del país.
De hecho, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló en abril de este año que hay relación directa entre el huachicol fiscal y la recaudación de 23 mil millones de pesos menos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante el primer trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2020.
23 mil millones de pesos menos se recaudaron por concepto de IEPS en el primer trimestre de 2021 debido al huachicol fiscal
En aquel momento Buenrostro afirmó que el SAT a través de la Administración General de Aduanas y la Administración General de Comercio Exterior, así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de otorgar los permisos de importación y vigilar a las empresas que lleven a cabo estas actividades en el país; se integrarían a los esfuerzos para combatir este delito.
“El problema del contrabando es muy serio y es cierto que en los LDA no hay una aduana por ello hay más probabilidad de que se revise menos (…) de por sí en la aduana hay contrabando, en esos lugares hay más probabilidad.
“La crítica que compartimos es que no se hizo una evaluación de las alternativas, se pudo haber considerado hacer el reconocimiento aduanal en todos los LDA, esto a cargo de la empresa, eso generaría mayores costos pero no estas la posibilidad de hacer negocio de manera injusta, porque al final se tiene que dar una solución al contrabando”, afirma el CEO de PETROintelligence.