“Lo más incomprensible del mundo es el impuesto sobre la renta”
La promulgación de la reforma fiscal de Estados Unidos, cuyos efectos entrarán en vigor en 2018, obliga al Gobierno mexicano a elegir entre el mal menos peor: mantener el status quo, perder el apoyo político de los empresarios y esperar que la salida de capitales no sea tan grave como proyectan algunos analistas; o reducir la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial, compensar la pérdida de ingresos fiscales con un alza o generalización del impuesto al consumo y pagar un alto costo en un año electoral.
José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda, muy cercano al entorno de José Antonio Meade, enfrenta el cabildeo de la iniciativa privada que llama a reformar el marco fiscal mexicano. El argumento de los empresarios es que el proyecto tributario de la administración de Trump plantea tres modificaciones que minan seriamente la competitividad fiscal de México como destino de inversión.
La primera es la reducción del ISR empresarial a una tasa de 21 por ciento desde un 35 por ciento vigente. Estados Unidos, la principal fuente de inversión extranjera directa en México, dejará de ser el país con la tasa de impuesto empresarial más alta entre los miembros de la OCDE.
En México la tasa de impuesto corporativo es de 30 por ciento. Sin embargo, la diferencia nominal de 9 puntos porcentuales entre la tasa mexicana y la estadounidense no es un reflejo preciso de los impuestos que terminan pagando las empresas. Los analistas sugieren, en cambio, considerar la tasa efectiva, que añade el efecto de las deducciones y de impuestos estatales y municipales. Bajo este enfoque, un análisis preliminar de la reforma fiscal de Estados Unidos prevé que la brecha sea menor al cálculo nominal.
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No obstante, el plan tributario de Trump ofrece un incentivo relevante a las empresas estadounidenses de invertir en su país, en un momento en el que la incertidumbre respecto al futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte amenaza la viabilidad de las cadenas de valor a lo largo de toda la región. La administración de Trump, célebre por ser el primer gobierno estadounidense en décadas en asumir públicamente un discurso cuasi proteccionista, está enfocada en generar las condiciones necesarias para retener empleos y capital en Estados Unidos.
En ese sentido, el segundo cambio de la reforma fiscal que impactaría en gran medida en la economía mexicana es el nuevo impuesto estadounidense de repatriación de utilidades de 15.5 por ciento.
15.5%
Las empresas de Estados Unidos cuentan con un nivel récord de efectivo en el exterior. Tan sólo Apple, la empresa pública con mayor valor de capitalización de mercado en el mundo, registra alrededor de 250 mil millones de dólares de efectivo y activos líquidos en el exterior.
Actualmente, si una empresa estadounidense desea repatriar sus utilidades está obligada a pagar la totalidad del ISR vigente, cuya tasa efectiva es de 18.5 por ciento, según una estimación del Centro Presupuestario del Congreso. Durante la administración de Barack Obama, el gabinete económico y el Departamento de Justicia se enfocaron en evitar la salida de compañías americanas con fines fiscales, en bloquear fusiones para cambiar el domicilio fiscal y en general en combatir la evasión de impuestos corporativos. Tuvieron poco éxito.
Sin embargo, ahora, la modificación propuesta por la administración de Trump abre la puerta a que Estados Unidos reciba una proporción significativa de los 2.6 billones de dólares en utilidades que las compañías estadounidenses mantienen en el exterior. Esto implicaría una fuerte apreciación del dólar, que pesaría sobre la cotización del peso, que ha perdido el 7.6 por ciento de su valor frente a la divisa estadounidense en los últimos tres meses y que es referido por el Banco de México como el principal factor que explica el hecho de que la inflación se encuentra en un nivel anualizado de 6.6 por ciento, más de 300 puntos base por encima del nivel objetivo.
La medida abre la puerta a que EU reciba parte de los 2.6 bdd en utilidades que las compañías mantienen en el exterior
Además, la iniciativa privada mexicana refiere que la tasa de repatriación de 15.5 por ciento podría incentivar a las empresas estadounidenses a no reinvertir las utilidades de sus subsidiarias en México.
La tercera modificación al marco fiscal estadounidense con implicaciones relevantes para México es que se estipula una depreciación inmediata del 100 por ciento de las inversiones en maquinaria y activos fijos en Estados Unidos. Es una medida que refuerza el sentido central de la reforma tributaria, que es promover la inversión doméstica a costa de la salida de dinero corporativo hacia subsidiarias en otros países.
100%
El dilema de González Anaya
De acuerdo a información del Centro Presupuestario del Congreso, México es el cuarto destino global de la inversión estadounidense, casi a la par con China. La reforma fiscal de la administración de Trump toca las fibras más sensibles de la que ha sido la única apuesta de crecimiento e industrialización en México en las últimas tres décadas: un modelo basado en las exportaciones en el que la dependencia de la inversión extranjera sustituyó a la inversión pública como principal motor económico.
José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda y el jefe de facto del gabinete económico de la administración de Enrique Peña Nieto tiene en sus manos la que podría ser la decisión de política fiscal más importante del sexenio.
En un año de elecciones presidenciales en el que el candidato oficialista parte del tercer lugar en la mayoría de las encuestas de cara al proceso del 2018, el gobierno tendría que romper la promesa del presidente Peña Nieto de que no se incrementarán los impuestos en lo que queda del sexenio.
De lo contrario, este gobierno estaría expuesto a repetir la crisis de fin de sexenio que ha ocurrido en todas las administraciones priístas desde la gestión de Luis Echeverría.
La tormenta perfecta se está acomodando: Trump promulgó ayer la reforma fiscal; el futuro del TLCAN todavía no está resuelto; Estados Unidos cuestiona su permanencia en la Organización Mundial de Comercio y Andrés Manuel López Obrador, que aún no recibe el visto bueno de la totalidad de los inversionistas internacionales, sigue siendo el candidato mejor posicionado para ganar en el 2018.
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