Con una política pública enfocada a incentivar la inclusión financiera en el país, en la que participen todos los actores relacionados con el ecosistema financiero nacional, incluidas las fintech, se podría lograr que en 10 años el 90 por ciento de la población mexicana contará con acceso pleno a servicios financieros.
Tal conclusión se desprendió de los hallazgos encontrados en el estudio “Hacia una política pública para la inclusión financiera: oportunidades y retos para México”, elaborado por la asociación civil SXXII Derecho y Tecnología en colaboración con Nu México, la Línea de Investigación Institucional en Derecho e Inteligencia Artificial (LIDIA) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Embajada de Brasil en México.
Durante la presentación del documento, Álvaro Vértiz, coautor de la investigación, señaló a Reporte Índigo que es necesario un enfoque distinto al que ha imperado dentro del país respecto a temas como la oferta de cuentas, tarjetas de crédito y débito, por mencionar, ya que México ha quedado ampliamente rezagado en comparación con países como Uruguay, Colombia, Chile y hasta Argentina.
Hoy @soynumx, @IIJUNAM y la
Asociación Civil SXXII Derecho y Tecnología presentaron un estudio sobre inclusión financiera en México y por qué es importante trabajar en ella.https://t.co/052p2H0hHy— Dani_Go (@Dani_Go96) November 26, 2024
En 10 años el 90 por ciento de la población mexicana podría contar con acceso pleno a servicios financieros si se implementa una política pública de inclusión financiera
“Los casos de éxito alrededor del mundo involucran a un sector regulador que no se limite a observar lo que requiere el sector privado, sino a plantear una postura de mandato; eso pasó en África, así como sucedió en Brasil y en otros países, por lo que resulta complejo que todos los actores incumbentes estén de acuerdo”, dijo el especialista.
De lo anterior que, a partir de facilitar la entrada de nuevos actores digitales en servicios financieros, alinear el proceso de inclusión financiera con la política social actual en una sinergia para la creación de identidades en línea y el aumento en la competencia dentro de la industria, se podría incentivar a que México logre corresponder el tamaño de su economía con una cantidad similar de usuarios financieros.
“Para hacer que la regulación mexicana funcione como catalizador de innovación e inclusión, es necesario permitir un régimen en el cual las entidades reguladas puedan ampliar sus servicios. Esto podría incluir la creación de nuevas categorías dentro de la Ley Fintech, que permitan a las entidades financieras digitales escalar sus operaciones sin tener que recurrir a estructuras regulatorias más tradicionales”, se lee en la investigación.
