Nominación incómoda

La candidatura a la vicepresidencia del INEGI de Paloma Merodio Gómez fue rechazada por parte de organizaciones no gubernamentales, porque no cumple con la experiencia necesaria para el cargo.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, es uno de los organismos que descalifican esa nominación. A través de un desplegado, sostuvo que la aspirante a la Junta de Gobierno del  INEGI no cumple con los requisitos del artículo 69 de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica.

Se asegura que las imprecisiones en el currículum vitae presentado por la nominada, así como su calificación por el ejecutivo federal en el texto de postulación no corresponden a la realidad.

En el documento se solicita la nominación de otra persona, de preferencia mujer, que sí cubra los requisitos legales y tenga la trayectoria que requiere el INEGI.

Al respecto, el desplegado menciona que no sería la primera vez que la Presidencia de la República envia una nueva nominación porque ya ocurrió con Carlos Hurtado, quien fue nominado a la Junta de Gobierno del Banco de México hace algunos años.

El organismo agregó que si el Senado ratifica el nombramiento de Paloma Merodio incurriría en una  ilegalidad, porque pasaría por alto la conclusión de la Secretaría Técnica de la Comisión de Población y Desarrollo, en el sentido que no cumple con los requisitos de ley.

 Después de analizar la documentación entregada al Senado para que ratifique la candidatura, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias refirió que preocupa que ésta es inexacta, ambigua o en ocasiones abiertamente falsa.

Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias opinó que el rechazo al nombramiento radica en que la trayectoria académica y laboral había sido inexacta, exagerada y falseada en lo que presentó.

A esto se suma su trayectoria y falta de autonomía, por lo que el nombramiento no debe ser ratificado por el Senado, según expresó Cárdenas.

Postulación inflada

“Paloma Merodio Gómez ha sido investigadora y docente en el ITAM, ha impartido el curso de macroeconomía avanzada en la Universidad de Harvard y cuenta con diversos trabajos de investigación”. Ésa es la referencia que hace Presidencia de Paloma Merodio.

Sin embargo, la aspirante fue sólo asistente de un profesor durante un semestre, no maestra titular en la Universidad de Harvard.   

El oficio que se presentó al Senado explicó que “ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan los de Coordinadora de Investigación Estratégica en el IMSS, donde también ha laborado en la División de Análisis del Entorno Socioeconómico y Sectorial de 2013 a 2015”. 

Se destaca también su cargo como Consultora Senior en la Corporación Internacional Financiera (IFC, por sus siglas en inglés) en el 2013; Consultora Senior de Promujer de enero a mayo de ese mismo año y Consultora Senior en el Banco Mundial; Programa de Agua y Saneamiento en 2012, entre otros.

El análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias refirió que no reúne los cinco años en puestos de alto nivel.

El cargo actual de Merodio como Directora General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales en Sedesol es el único puesto de alto nivel que ha tenido, el cual desempeña desde noviembre de 2015, cuando José Antonio Meade era el secretario de Desarrollo Social.

La nominada tampoco cumple con el requisito de académica de reconocido prestigio, porque tiene experiencia docente como profesor de asignatura en el ITAM, pero no tiene experiencia ni como investigadora ni como académica de tiempo completo.

“Es evidente que Merodio solamente cuenta con un año cinco meses de experiencia laboral de alto nivel jerárquico, por lo que no cumple con lo establecido por la ley”, señaló Enrique Cárdenas. 

Mensajero de miedo  

Las organizaciones de la sociedad civil, entre las que también se encuentran México Evalúa y México, ¿cómo vamos?, sostienen que el Gobierno federal ha tomado una postura de oídos sordos al aura de rechazo que rodea a la nominación de Paloma Merodio.

El respaldo por parte del gobierno federal a esa postulación ha levantado suposiciones en el sentido que sería una especie de caballo de Troya dentro del INEGI, lo que pondría en riesgo la autonomía de ese órgano que se encarga de la contabilidad del país, de generar las estadísticas y la información para evaluar temas como la pobreza.

Es evidente que este proceso se ha politizado, pero la polémica en el INEGI ha sido recurrente ya que en julio de 2016, el organismo entró en un debate con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por sesgos en la información sobre el ingreso de los hogares con la que se mide la dimensión de la pobreza del país.

La junta de gobierno del INEGI es el órgano superior de dirección del instituto y se compone por cinco miembros designados por el presidente de la República, con la ratificación del Senado.