El escándalo de Walmart que destapó sobornos y corrupción de sus altos ejecutivos con funcionarios de México, es ya conocido en los mercados como “Operación Casa Blanca” entre las autoridades de Estados Unidos y México.
Reporte Índigo confirmó que además de las investigaciones que ya realizan en México la Función Pública, Sagarpa, la PGR y el Gobierno del Distrito Federal, entre otras dependencias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación criminal, y la Comisión de Bolsa y Valores, una indagatoria.
El gobierno capitalino, por su parte, giró instrucciones precisas a todas las delegaciones políticas para investigar los permisos que se otorgaron en esas jurisdicciones para la construcción de esas tiendas minoristas y detectar, si las hubo, irregularidades “que serán castigadas con el rigor de la ley”.
Aunque no se informa nada todavía para evitar el nerviosismo entre los inversionistas, movimientos al interior de la empresa comienzan a cocinarse.
Se habla, incluso, de la salida del actual presidente ejecutivo de la multinacional, Mike Duke, y de su predecesor, Lee Scott, quien aún es parte del directorio de la compañía y está entre los CEOs que, al parecer, estaban al tanto de la situación y dio por cerrada una investigación interna en contra de la división mexicana.
Sobre todo, porque tanto Duke como otros funcionarios tardaron años en notificar a los accionistas y a los reguladores gubernamentales de los posibles delitos que detectaron en 2005, aun cuando ya tenían conocimiento de los hechos y lo reportaron hasta el 2011. ¿Los minimizaron, no les dieron importancia o estaban coludidos?, se preguntan hoy lo inversionistas.
Duke entró a esta cadena minorista en 1995, tres años más tarde fue directivo de la misma y ha sido su presidente ejecutivo desde 2009 cuando sustituyó a Scott, quien se desempeñó como CEO nueve años.
Ambos están hoy bajo la lupa, pues las autoridades de Estados Unidos podrían acusarlos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el soborno a funcionarios públicos.
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Para “taparle el ojo al macho”, la minorista estadounidense nombró al fiscal del estado de Arkansas, Tom Gean, como ejecutivo a cargo de que se cumpla la ley que prohíbe sobornar a funcionarios de países extranjeros.
Le auxiliarán los equipos externos encabezados por Jones Day, quien continuará con la investigación que se inició en 2011; Deloitte será el apoyo contable; Cahill Gordon & Reindel, el consejero legal externo para el comité de auditoría; Greenberg Traurig, la firma legal externa para la revisión de cumplimiento de Walmart que inició en 2011.
