Oceanografía emerge de nuevo

La emproblemada empresa de servicios petroleros, Oceanografía, podría reanudar sus operaciones en menos de 60 días. Esto tras haber concluido un proceso de concurso mercantil de casi un año de duración y así evitar ser declarada en bancarrota.

Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, dio por concluido ayer el concurso mercantil tras aprobar un acuerdo de reestructuración de deuda entre Oceanografía y un grupo de sus acreedores que en conjunto representan el 66.8 por ciento de las obligaciones de la empresa.

Notablemente, el acuerdo se logró por encima de las objeciones de acreedores que representan el 24 por ciento de las deudas de Oceanografía reconocidas por el proceso, y a pesar de las objeciones de afectados, como Banamex, Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyas deudas no fueron reconocidas.

Bajo los términos de la reestructuración, Oceanografía volverá a operar ofreciendo servicios de arrendamiento de embarcaciones y de mantenimiento a plataformas petroleras, aunque con una flota muy reducida en comparación a la que tenía antes de que comenzaran sus problemas.

Fraude y escándalo

El concurso mercantil de Oceanografía, que data desde abril del 2014, tiene como raíz un presunto fraude millonario en contra de Banamex, involucrando al menos 400 millones de dólares en préstamos incobrables respaldados por contratos ficticios con Pemex.

Pemex informó a Banamex el 20 de febrero del año pasado acerca de las irregularidades en las cuentas por cobrar a la petrolera que Oceanografía había registrado con el banco, por lo que el 28 de febrero los activos de la empresa fueron asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente ésta fue declarada en concurso mercantil.

Aunque los problemas de Oceanografía parecen estar terminando, los de las personas involucradas en el fraude están lejos de concluir. 

Amado Yáñez Osuna, expropietario de la empresa quien se encuentra preso, y sus socios aún son investigados tanto en México como en Estados Unidos por supuestas violaciones a la ley que van desde fraude hasta lavado de dinero.

El caso también tuvo repercusiones en Banamex, donde una investigación interna resultó en el despido de 11 empleados involucrados con el procesamiento y aprobación de los préstamos otorgados a Oceanografía.