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Gracias a la creciente sofisticación del sistema financiero global y a complejas estrategias de planeación fiscal por parte de las empresas, los gobiernos alrededor del mundo encuentran cada vez más difícil combatir la evasión fiscal.
Pero el combate contra la evasión podría muy pronto recibir un gran impulso, pues se prevé que este fin de semana las economías del G-20, donde México es miembro, adopten una serie de recomendaciones estratégicas propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El reporte de la OCDE, formalmente llamado el Proyecto de Erosión de Bases y Movimientos de Ganancias (BEPS, por sus siglas en inglés), hace recomendaciones en siete áreas estratégicas para coordinar el combate a la evasión fiscal de manera internacional y asegurarse de que sea más difícil para las empresas aprovecharse de las reglas del juego.
Para México, que en junio de este año entró en un acuerdo con Estados Unidos para compartir información fiscal, la adopción del BEPS representaría un paso más en la lucha contra la evasión fiscal, que afecta desproporcionadamente a los países en desarrollo.
> No abusar tratados
Los países realizan tratados comerciales para evitar que las personas sean sujetas a una doble tributación. La intención es que las personas o empresas con operaciones en dos países no paguen los mismos impuestos dos veces.
Sin embargo, existe la práctica de treaty shopping que la OCDE busca frenar: personas que no son residentes de ninguno de los países con tratado aprovechan lagunas para beneficiarse.
> Retos de la economía digital
Gracias a la creciente complejidad presentada por la tecnología digital, la OCDE recomienda a los gobiernos desarrollar estrategias que tomen en cuenta estos cambios, sin tratar al sector digital como una parte separada de la economía.
También enfatiza que aunque la economía digital no presenta riesgos específicos para el BEPS, sí contiene factores, como la facilidad y velocidad de transacciones, que exacerban problemas en otras áreas fiscales.
> Dificultades intangibles
Una parte cada vez mayor de las transacciones internacionales se basa en productos y servicios intangibles, algo que ha sido exacerbado por el crecimiento de la economía digital.
En este rubro, la OCDE propone adoptar definiciones claras de estos productos y servicios, además de tomar medidas para que las ganancias generadas por la transferencia de éstos no se encuentre divorciada de la generación de valor.
> Coordinación y coherencia
Para evitar que las empresas multinacionales se aprovechen de huecos en las leyes fiscales de los países en donde operan, lo cual puede resultar en dobles deducciones o en transacciones que no son gravadas en ningún país, la OCDE recomienda a los gobiernos coordinarse para modificar sus leyes domésticas y establecer tratados internacionales para asegurar la coherencia en la ley fiscal internacional.
> Mejorar transparencia
Las firmas multinaciones suelen determinar precios entre subsidiarias de diferentes naciones para generar una base gravable menor en países con altos impuestos.
La OCDE recomienda un esquema de documentación completa que contempla la elaboración de una plantilla que reporte las operaciones de las firmas país a país. De este modo, la autoridad fiscal incentiva la transparencia y la certidumbre para los contribuyentes.
> Fin a las malas prácticas
Aunque la OCDE enfatiza no estar buscando homologar los regímenes fiscales alrededor del mundo, sí propone a los gobiernos coordinarse para evitar causar distorsiones a través de regímenes preferenciales que reducen las bases fiscales de otros países.
Esto debido a que, de lo contrario, los países competirán entre sí para ser más atractivos para las inversiones, con el resultado final siendo una reducción de los ingresos fiscales globales.
> Instrumento multilateral
Dada la complejidad de sus recomendaciones y la dificultad que ésta implicaría para modificar tratados fiscales bilaterales ya existentes, la OCDE recomienda a los gobiernos estudiar la creación de un instrumento multilateral que permita alterar los tratados existentes.
Esto volvería el proceso más veloz y menos costoso para los gobiernos, y aseguraría que las medidas entren en vigor más pronto.