Los efectos negativos del paro de actividades que impuso la pandemia por COVID-19 en 2020 no son el único frente de batalla de los empresarios mexicanos, de hecho, las unidades económicas del país tienen un enemigo más antiguo y persistente: la delincuencia.
Durante 2019, 1.5 millones de unidades económicas del país reportaron haber sido víctimas de algún delito, que representa 30.5 por ciento del total de negocios, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 (ENVE) elaborada por el Inegi.
Este porcentaje representa una disminución de 3.2 puntos porcentuales comparado con la prevalencia delictiva en unidades económicas reportadas en 2017 a través de esta misma encuesta que se lleva a cabo cada dos años.
Esta inseguridad enfocada en los negocios mexicanos alcanzó un costo de 226 mil millones de pesos, es decir, 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con 3.9 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas, de un total de cinco millones que se registraban en el país en 2019, se deriva una tasa de concentración de 2.6 delitos por negocio, advierte la encuesta sobre delincuencia publicada en abril de este año.
Aunque en 2020 la incidencia de diversos delitos disminuyó debido a la suspensión de actividades en ciertos negocios o incluso el cierre de muchos de ellos, se advirtió la persistencia de robo hormiga en locales comerciales o tiendas de abarrote, así como robos a escuelas que no operaron durante 2020, explica Gerardo López Becerra, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño.
“El robo hormiga para negocios como tiendas tiene un impacto de entre 10 y 15 por ciento de las ganancias de un mes, así que sí es muy significativo, sobre todo para los pequeños negocios”, señala el líder empresarial.
Advierte que con el retorno a la “normalidad” en este año también se ha incrementado el número de actos delictivos que ocurren en unidades económicas.
En el contexto de 2019, los delitos más comunes fueron extorsión, robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, actos de corrupción y el robo hormiga.
“Hemos detectado que este delito, el de la extorsión, ya no sólo se da por el crimen organizado sino cualquier delincuente que te deja un mensaje o un recado de que le des dinero o algo le va a pasar a tu negocio. Este asunto, lo comentamos con el dueño de un negocio, muchas veces no se da por grupos criminales sino al amparo de estos grandes grupos y usando sus nombres tratando de extorsionar”, señala López Becerra.
De acuerdo con los datos del Inegi en 2019 se cometieron 912 mil delitos de extorsión, que representa una tasa de mil 821 extorsiones por cada 10 mil unidades económicas, 92.5 por ciento fueron telefónicas y en 6.2 por ciento de los casos se pagó las cantidades solicitadas por los delincuentes.
Sin incluir a las empresas del sector comercio, cuyo delito más frecuente es el robo o asalto de mercancías, dinero, insumos o bienes; la extorsión es el crimen más frecuente para las empresas en el sector de la industria y los servicios; así como para negocios de todos los tamaños, es decir, micro, pequeños, medianos y grandes.
A diferencia de otros delitos que mostraron una disminución desde 2011, el primer año en que el Inegi llevó a cabo una encuesta enfocada en la victimización de empresas, la extorsión mostró un incremento en 2019.
Cifra negra de la delincuencia
Pese a la magnitud de este flagelo para las empresas, es muy probable que esta cifra sea mucho más grande que la reportada por el Inegi, toda vez que muchos de los empresarios que son víctimas de extorsión evitan denunciar debido a que consideran que permea la ineficiencia entre las autoridades, explica el presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño.
La ENVE apunta que la cifra negra de los delitos se ubica en 92 por ciento y en el caso específico de la extorsión es de 98.7 por ciento. Además, entre más pequeña es la empresa que sufre un delito hay menos probabilidades de que denuncie.
En el caso de los delitos que sí se denunciaron, 36.2 por ciento no se resolvieron. 25.5 están en trámite y en 21 por ciento no se inició carpeta de investigación.