‘Nacionalización’ eléctrica podría ir con costo a inversiones

Los señalamientos y eventos que antecedieron a la compra de las plantas de Iberdrola ubicadas en México podrían dar una señal negativa a la inversión en un contexto en el que el país está siendo beneficiado por el nearshoring
María Fernanda Navarro María Fernanda Navarro Publicado el
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La “nueva nacionalización” del sector eléctrico del país va a tener un impacto negativo en la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, afirman especialistas.

En un contexto de relocalización global de inversiones y en el que México tiene elementos a favor para la atracción de capitales, la compra de 13 plantas de generación eléctrica que operaban en México pero propiedad de la empresa española Iberdrola, da una señal negativa a inversionistas, asevera el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Por un total de seis mil millones de dólares, la empresa española entregará el 80 por ciento de sus activos en México, a través de un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otros organismos públicos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recuerda que aunque esta transacción contaría con financiamiento del sector público la propiedad de las centrales se mantendrá privada, hasta el momento se desconoce la composición de capital público del fideicomiso que va a gestionar las centrales y por ello no se incrementará la participación de mercado en la generación eléctrica.

Con esto se descartan las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 4 de abril, al considerar que esta adquisición significa “el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y una nueva nacionalización de la industria eléctrica”.

El sector eléctrico actualmente está controlado por la CFE lo que ha limitado la competencia en el mercado y la integración de la participación privada, además no cuenta con capacidad instalada fotovoltaica y eólica.

Bajo este panorama es necesario “ampliar las posibilidades de inversión en generación eléctrica para expandir la capacidad de generación instalada, pues también abona a la seguridad energética del país al contar con una matriz energética más diversificada. Además, es un paso hacia la transición energética y favorece a las finanzas de la CFE”, señala el IMCO en su reporte “La Energía que Queremos”.

Además, actualmente la política energética del país se enfoca en combustibles fósiles y la lenta transición a fuentes sustentables podría estar actuando como un elemento en contra de la llegada de grandes inversiones extranjeras al país.

Las características de la política energética incluso podrían actuar como un cuello de botella que impida la captación de la inversión que se mueve a nivel mundial ante la relocalización de empresas, un fenómeno conocido como nearshoring.

Cabe destacar que México podría estar siendo uno de los países que esté aprovechando dichos cambios, toda vez que tanto autoridades nacionales como especialistas en materia de comercio internacional han señalado al nearshoring como una oportunidad extraordinaria para la captación de IED en el país, sin embargo, este fenómeno tiene una fecha de expiración.

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que las recientes tensiones geopolíticas han derivado que los flujos de inversión se concentren entre países aliados.

Contexto hostil

Los eventos que antecedieron a este acuerdo comercial con Iberdrola, podrían ser una mala señal para la inversión en el país, advierte a través de un comunicado el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La empresa española ha sido blanco de diversos señalamientos por parte del propio presidente mexicano. Por ejemplo, en febrero de 2022, el mandatario acusó a empresas españolas de “saquear al país y beneficiarse económicamente” con el apoyo de administraciones federales anteriores a su gobierno.

En julio de ese mismo año durante la conferencia matutina, López Obrador señaló a Iberdrola por tener una multa por nueve mil millones de pesos, cuyo pago fue suspendido más tarde gracias a un amparo.

“En este momento, sería importante que la política pública estuviese concentrada en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring. Ello implica la inclusión de sectores y regiones que no han sido beneficiadas por el comercio exterior y la inversión que implica. Para incluir mayor valor agregado nacional en la producción y exportación de la inversión motivada por la relocalización hay que trabajar en varios frentes, entre ellos: mejorar y ampliar la infraestructura pública y la logística y asegurar que la electricidad se transmite y distribuye suficientemente a lo largo de todo el país”, señala el CEESP.

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