En un intento por rescatar al campo y respaldar a los pequeños productores nacionales, el Gobierno Federal trajo del pasado la política de precios de garantía para asegurar que, en el futuro, la autosuficiencia alimentaria de México no dependa del extranjero.
El esquema de precios, que contempla al arroz, frijol, maíz, trigo panificable y leche, pretende recuperar el costo de producción por tonelada para que los trabajadores del campo sigan con su labor.
Los primeros que lo implementarán serán los 300 mil agricultores de los estados frijoleros del país, que desde enero ya fueron convocados a los centros de acopio, que estarán abiertos hasta que concluya el periodo de cosecha.
El objetivo del Gobierno federal de volver a implementar este programa que se abandonó en la década de 1980 es impulsar la producción de alimentos básicos y de fortalecer la economía de los pequeños productores del campo.
El beneficio en el corto plazo es que los productores van a obtener un precio que garantice el pago de sus esfuerzos semestrales, a pesar de su baja productividad.
Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey, asegura que es esta última parte de la que se debe desconfiar, ya que establecer precios en cualquier modalidad es una manera de intervenir el mercado, y el costo de un producto o servicio no se rige por la oferta y la demanda como comúnmente ocurre.
“Eso es malo porque puede provocar corrupción, desgaste o trampas. Por ejemplo, si el productor sabe que le van a pagar 20 mil por tonelada y el precio del mercado es de 15 mil, podría comprar toneladas de 15 mil y venderlas a 20 mil. Es decir, se convierte en un incentivo perverso”
Otra de las consecuencias negativas que podría tener este esquema para los productores es que prefieran sembrar cultivos básicos y desprecien otros, propiciando un abandono en la producción de otros alimentos necesarios.
¿Consumidores a salvo?
La primera vez que se implementó el Programa de Precios de Garantía fue en 1970, con una intervención estatal reguladora en la comercialización agropecuaria.
Hasta mediados de la década de los 80 uno de los efectos inmediatos de esta política se identificó como desviaciones de recursos en la economía.
Pero en pleno siglo XXI las consecuencias de esta política agropecuaria se verán en un lapso no mayor a los siete meses, ya que los primeros cultivos a los que va dirigida son de ciclo corto o semestrales, como el frijol.
Más que efectos para el consumidor final, la carga de este programa de apoyos al campo va directo a las finanzas públicas, debido a que no se trasladará el precio de este aumento al consumidor final, lo que quiere decir que se convertirá en un subsidio de estado.
Para este año, se acordó que el precio de garantía del maíz sería de 5 mil 610 pesos por tonelada; el del arroz de 6 mil 120 pesos; el trigo de 5 mil 790 pesos y en el caso de la leche Linconsa asegura un precio de 8.20 pesos el litro.
El Programa de Precios de Garantía a Granos Básicos dará, en el caso de Zacatecas, a dos millones de pequeños productores agrícolas un pago de 14 mil 500 pesos por tonelada de grano, con un límite de hasta 20 hectáreas.
Leticia Armenta Fraire, analista económica del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, manifiesta que esta medida ya había sido probada anteriormente y ocasionó un gran deterioro para las superficies de cultivo de los pequeños agricultores, pero es una gran herramienta para afianzar la influencia política.
Sin embargo, la especialista advierte que el mayor desafío para que la iniciativa pueda alcanzar el éxito es que, por sí sola no es suficiente para terminar con los problemas que existen en el campo, donde actualmente viven 24 millones de mexicanos en pobreza, de acuerdo con datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“La agricultura es una gran base social para los políticos, a través del otorgamiento de estos apoyos capturan a los agricultores como votantes, como base social de esos partidos”
