México, entre esfuerzos por ser un país más incluyente y grandes pendientes por atender

Lograr abrirse paso en un contexto de incertidumbre económica, volatilidad y condiciones laborales precarias ha resultado un reto cada vez más difícil de resolver para las personas con discapacidad, que más allá de las limitaciones, también son parte de la vida productiva y de consumo nacional.

La tasa de la población con discapacidad que participa en la actividad económica del país es de 40.6 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es decir, menos de la mitad del grupo de ocho millones de personas que han declarado tener una discapacidad en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, han logrado incorporarse a una vacante.

Tal cuestión ha provocado que mientras el ingreso trimestral promedio de un mexicano que no tiene una discapacidad asciende a 27 mil 653 pesos, según la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Estaciona, contar con limitaciones para escuchar, ver, moverse o hablar, por ejemplo, puede derivar en que el ingreso disminuya casi 70 por ciento.

De ahí que se requiera un esfuerzo mayor para generar un proceso de inclusión que abarque a cada vez más población, como ha venido sucediendo poco a poco, pero con un amplio contraste positivo en comparación a dos o tres décadas atrás, destacó a Reporte Índigo, María del Carmen Jordan, directora de inclusión laboral  de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE).

“Hoy se desea que las personas con discapacidad sean reconocidas como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos para que ellas, y sus familias; que participen con equidad e igualdad de oportunidades en todas las áreas de la vida comunitaria, ya sea social o laboral, porque es gente que paga sus impuestos, apoya económicamente a su hogar y aporta al progreso”, sostuvo la directora.

Al respecto,  más de ocho millones de personas mayores de cinco años que han declarado tener una discapacidad y que residen en el país, como lo destaca la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, buscan salir adelante ante un panorama en el que cada vez más empresas abren sus puertas para emplear a ese segmento de la población, se busca impulsar apoyos por parte del sector público, pero queda mucho por construir para lograr que México sea un país más incluyente, como sostiene la directora de inclusión laboral  del CONFE.

“Es un proceso en el que hay diversos resultados; algunas plazas implementan rampas con las medida apropiadas, algunos restaurantes han adoptado la carta en braille y esos son ejemplos de cómo han cambiado las cosas porque los encargados se van informando”, puntualizó.

Todos los apoyos suman, incluidas las pensiones

Parte de la estrategia que desde el gobierno se ha implementado para poder cerrar las brechas que las personas con discapacidad tienen que sortear dentro del país, ha consistido en una transferencia monetaria bimestral de 3 mil 100 pesos; un acto que la actual administración considera “un acto de justicia y contribución para mejorar la calidad de vida”.

Actualmente un millón 485 mil personas con alguna discapacidad la reciben y se ha destinado a dicho programa 27 mil 860 millones de pesos para este año; un apoyo que, aunque no cubre todo lo necesario para impulsar la lucha por la inclusión, por supuesto que suma, de acuerdo con la especialista consultada por este medio.

Falta camino por recorrer y mayor inclusión financiera

Una prueba de que todavía falta camino por recorrer para que el país sea un lugar más incluyente para las personas con discapacidad es la posibilidad que tienen para acceder a servicios financieros, pues de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), gran cantidad de quienes registran una limitación visual o auditiva, por ejemplo, no logran adquirir planes de protección como lo son los seguros.

“Para mejorar el acceso y accesibilidad al sistema financiero de las personas con discapacidad se recomienda principalmente que, en el desarrollo de productos, procesos, entornos, protocolos de actuación e infraestructura, se respeten los preceptos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha recomendado la Condusef.