En México, durante 2022 el monto de siniestros de riesgos hidrometeorológicos cubiertos por las aseguradoras fue de dos mil 200 millones de pesos. Foto: Especial

Más recursos para desastres naturales, privados y públicos

Los fenómenos meteorológicos de gran magnitud serán cada vez más comunes debido a los efectos del calentamiento global, es por ello que tanto en el ámbito público como privado se debe enfocar recursos para la prevención de sus efectos catastróficos

La advertencia llegó desde hace varios años: los eventos meteorológicos de fuerte impacto serán cada vez más comunes debido a los efectos del calentamiento global y se debe destinar grandes sumas de dinero para la contención de sus afectaciones a la población.

Tanto el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)  afirman que tienen recursos suficientes para atender la catástrofe generada por el Huracán Otis categoría 5 que impactó en Guerrero y con mayor fuerza al puerto turístico de Acapulco.

Sin embargo, organismos internacionales y análisis de compañías privadas apuntan a que el impacto económico por los eventos naturales extremos crecerá más que el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además del poco espacio fiscal de los gobiernos para destinar recursos a estos eventos.

Por ejemplo, en 2021 el sector asegurador a nivel mundial desembolsó 105 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas de las catástrofes naturales, la cuarta cifra más alta desde 1970, de acuerdo con estimaciones del Instituto Swiss Re, una reaseguradora multinacional.

En ese mismo año las pérdidas económicas para los seguros superaron las de la década previa con una tendencia de un incremento anual del cinco al seis por ciento. Por ello el instituto apunta a la importancia de invertir en infraestructura crítica para mitigar el impacto de condiciones climáticas extremas.

En México, durante 2022 el monto de siniestros de riesgos hidrometeorológicos cubiertos por las aseguradoras fue de dos mil 200 millones de pesos, de acuerdo con datos de la AMIS quien además informó que sus empresas afiliadas están listas para dar atención oportuna a sus asegurados que registran daños generados por el huracán Otis.

“A nivel individual, como familia, empresarios, tenemos que empezar a adquirir esta cultura de estar asegurados, estas herramientas financieras se consideran un gasto, pero cuando consideramos estos impactos negativos nos hace recordar que un buen seguro evita estos impactos económicos, pero el mexicano promedio no tiene la cultura de asegurarse”, afirma James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil de CIBanco.

Hasta 2021 la AMIS tenía registro de que en México 6.5 por ciento de las viviendas estaban aseguradas por iniciativa propia de sus dueños, 20 por ciento tenían una de estas herramientas financieras ligada a su crédito hipotecario, en tanto que en el caso de las empresas se tenía registro de que 18 por ciento de ellas contaban con un seguro.

Recursos para manejo de riesgos

La administración de Andrés Manuel López Obrador asegura contar con 18 mil millones de pesos para la mitigación de daños provocados por fenómenos naturales a través del Programa para el Fondo de Desastres Naturales, además de contar con una cobertura adicional a través del Seguro para Catástrofes 2023-2024 que asciende a cinco mil millones de pesos y un Bono Catastrófico 2020-2024 con un valor de 485 millones de pesos.

La aclaración la hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 25 de octubre pocas horas después de que la información en torno a la catástrofe provocada por el huracán Otis empezará a fluir y diversos actores políticos de oposición recordaron la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2021.

El Fonden era un instrumento financiero interinstitucional que tenía por objetivo ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que producía un fenómeno natural, todo ello en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y para obtener estos recursos, las entidades federativas debían demostrar que la magnitud de los daños excedía su capacidad financiera. Sin embargo, la administración actual impulsó su desaparición al considerar que se trataba de una “caja chica millonaria”.

Pero al concentrar recursos para la atención de desastres naturales de forma programática, hay riesgo de disminución de estos montos, toda vez que al no usarlos en un año fiscal determinado se consideran subejercicio presupuestal y se destinan a otras actividades, explica Salazar.

“Se requiere una buena estrategia de manejo de riesgos, pero parece ser que no ha sido la principal característica de la actual administración, igual y no es algo fácil con tantos compromisos que hay en materia fiscal, los recursos son escasos, queda poco para este tipo de eventualidades y adicionalmente con los cambios legislativos que se hicieron con la desaparición de Fonden y trasladarlo a una estructura programática… o sea, si existen pero se han visto reducidos en los últimos años”, detalla el especialista.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para el 2030, se necesitarán entre 160 mil y 340 mil millones de dólares para enfrentar la emergencia climática sobre todo para las comunidades más vulnerables.

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