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"Si el Banco de Nueva York atiende lo que dice el juez Griesa, Argentina presenta en el Parlamento la posibilidad, siempre y cuando los bonistas quieran, de pagarles acá"
Una encuesta de la consultora Poliarquía señala que el porcentaje de la población que considera que el gobierno debe acatar la orden del juez Thomas Griesa pasó de 65 por ciento en junio, a 49 por ciento en agosto
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está decidida a no negociar con los fondos especulativos que mantienen al país en default.
Su estrategia para lidiar con este conflicto toma cada día un tono más político en lugar de económico.
La semana pasada, Fernández anunció en televisión nacional una propuesta de ley para que los tenedores de bonos tuvieran la posibilidad de canjear sus títulos, que fueron emitidos bajo leyes estadounidenses, por otros originados en Argentina.
De esta manera el país podría pagar sus deudas con los fondos que aceptaron la reestructuración de los bonos después del default del 2001.
En otras palabras, Fernández intenta aprovecharse de una supuesta laguna legal para no tener que lidiar con los llamados fondos buitre, aquellos que se negaron a la reestructuración de deuda.
Sin embargo, el juez de Nueva York encargado del caso de Argentina, Thomas Griesa, declaró que el canje propuesto es ilegal, pero se negó a comentar sobre si el esquema podría dejar a los involucrados en desacato.
Griesa se ha convertido en una figura controversial del conflicto por no permitir que el país latinoamericano siguiera pagando sus deudas a los bonos reestructurados hasta que no liquidara por completo a los buitres.
Aunque los analistas no aprueban el incumplimiento de pagos, la mayoría ha expresado su desacuerdo con el fallo de Griesa.
El argumento principal es que la resolución perjudica a los tenedores de bonos que aceptaron la reestructuración en favor de una minoría de especuladores, lo que sienta un precedente peligroso para la emisión de deuda soberana en Estados Unidos.
Mientras se resuelve el conflicto, el gobierno de Fernández parece estar más preocupado por el impacto político que el económico.
Dimensión política
El gobierno argentino emprendió una campaña masiva en la que describía a los fondos disidentes como inversionistas especulativos que atentan contra la soberanía nacional.
Las declaraciones de los funcionarios del gobierno argentino destacan por las descalificaciones y señalamientos contra los “fondos buitre”.
En términos políticos, esta estrategia ha sido efectiva para Cristina Fernández.
Una encuesta de la consultora argentina Poliarquía señala que el porcentaje de la población que considera que el gobierno debe acatar la orden de Griesa pasó de 65 por ciento en junio a 49 por ciento en agosto.
Esto es importante ya que en octubre del 2015 se celebrarán las elecciones presidenciales, donde Cristina Fernández intentará mantener el poder para su partido.
Alejandro Catterberg, analista de Poliarquía, considera que el gobierno no tiene incentivos para asegurar un acuerdo con los “fondos buitre”, mientras la economía siga a flote y la gente no salga a las calles.
Sin embargo, la economía Argentina se ha deteriorado en el transcurso del año, dañando la reputación de Cristina Fernández. El país entró en recesión técnica después de una contracción de 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2014. Además , la inflación no oficial ha alcanzado niveles superiores al 40 por ciento, obligando al gabinete económico a subir las tasas de interés.
Y por si fuera poco, el déficit fiscal de 1.85 mil millones de dólares debe ser resuelto con recortes dado que el estatus de default le impide a Argentina acceder a financiamiento. Esto podría traducirse en protestas e inestabilidad política.
Wall Street responde
Los mercados financieros recibieron con escepticismo el plan de canje de bonos propuesto por el gobierno argentino.
La tasa de interés de los bonos argentinos se incrementó y el peso se derrumbó a un ritmo no observado desde enero.
Esta semana la moneda argentina perdió 1.6 por ciento de su valor frente al dólar, el mayor retroceso desde la devaluación de 15 por ciento de enero.
La demanda de dólares se ha incrementado ante el temor de otra devaluación. Esto reduce los incentivos del gobierno argentino para alcanzar un acuerdo con los fondos buitres, dado el efecto negativo que tendría en el peso.
