Los ‘defaults’ de México

México ha vivido ocho defaults de deuda soberana en su historia. La revista The Economist, basándose en datos de los economistas de Harvard Keneth Rogoff y Carmen Reinhart, sitúa a México dentro de los diez países con mayor número de defaults en su historia.

A lo largo del siglo 19, el país incurrió cinco veces en suspensión de pagos. El desgaste militar de los primeros años del México independiente provocó una debacle financiera que se vio reflejada en una sucesión constante de defaults. 

En 1861, el Congreso mexicano declaró la suspensión de pagos de todas las deudas públicas.  

Ante la falta de cortes de default y mecanismos de reestructuración de deuda soberana, los deudores (Inglaterra, España y Francia) reaccionaron militarmente, dando origen a la guerra franco mexicana. 

México estuvo marginado de los mercados internacionales de capital hasta 1886, cuando el gobierno de Porfirio Díaz reestructuró la deuda mexicana.   

El fantasma del default volvió con el regreso de la inestabilidad política y militar de la revolución mexicana: México cayó en suspensión de pagos en 1914.

La deuda fue reestructurada en 1922 por el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, garantizando el pago de los compromisos financieros principalmente con el ingreso tributario de las exportaciones petroleras.

En 1928, la presión fiscal bajo la que se encontraba el Gobierno mexicano provocó un nuevo default que fue resuelto hasta 1942.  

México no volvería a entrar en suspensión de pagos hasta 1982, el último default en la historia del país.

La década perdida

En México, la década de los 80 es comúnmente conocida como “la década perdida”. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) la economía nacional creció a un ritmo de 0.1 por ciento anual promedio.  

Esto se debió en gran medida a la suspensión de pagos de agosto de 1982, fecha en la que el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, viajó a Nueva York para informar al Gobierno de Estados Unidos y al  Fondo Monetario Internacional (FMI) que México no podría honrar el pago de su deuda. 

A principios del gobierno de José López Portillo, la política económica estaba anclada a un programa de estabilización del FMI, orientado al mejoramiento de la balanza de cuenta corriente y a la reducción de la inflación. 

En 1979, año en el que el choque de oferta de la OPEP elevó los precios de petróleo a niveles récord, México descubrió nuevas reservas de crudo. 

En esta nueva coyuntura, el Gobierno mexicano abandonó el programa del FMI y emprendió una política fiscal expansiva.

Las reservas petroleras le permitieron al gobierno acceder al mercado de capitales internacional, por lo que la deuda pública financió la política fiscal. 

La mayoría de la deuda contratada se encontraba en tasa variable. La política restrictiva de la Reserva Federal, con Paul Volcker como presidente, provocó un alza récord en los tipos de interés, exacerbando la magnitud de la deuda. 

La coyuntura económica del momento estuvo caracterizada por un deterioro de la balanza de cuenta corriente, déficit fiscal, una inflación rampante y el fantasma de una devaluación, que detonó la erosión de las reservas del banco central. 

En agosto de 1982, la deuda externa alcanzó niveles de casi 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el pago de la misma llegó a representar casi un cuarto del PIB. 

México se vio obligado a incurrir en una suspensión de pagos que provocó una recesión de dos años, una inflación del 100 por ciento, una disminución del 11 por ciento del ingreso real per cápita y la nacionalización de la banca.