México es pionero. La promulgación de la Ley Fintech convirtió al sistema financiero nacional en punta de lanza, gracias a que le abrió la puerta a empresas tecnológicas a un terreno que, hasta hace unos años, estaba dominado sólo por la banca tradicional.
Sin embargo, en su camino por alcanzar la inclusión financiera, el gobierno mexicano dejó un gran pendiente: las zonas rurales.
“La Ley Fintech es una oportunidad para mostrar la enorme desigualdad de desarrollo que existe en el país”, dice Isabel Cruz, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS).
En México, 71.3 millones de personas tienen acceso a internet, cifra que representa al 63.9 por ciento total de la población del país, en tanto que 17.4 millones de hogares tienen una conexión a este servicio, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017 del Inegi.
No obstante, 86 por ciento de los usuarios viven en zonas urbanas, mientras que el 14 por ciento restante reside áreas rurales.
No sólo la distribución desigual en el acceso a internet es un limitante. La directora de AMUCSS comparte que otro problema que amplía la desigualdad financiera en el país es la ausencia de celulares en estas zonas.
En los estados con los mayores índices de marginación a nivel nacional como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el porcentaje de usuarios de un teléfono inteligente se ubica en 57.5; 55.3 y 53.2 por ciento respectivamente, cifra por debajo de la media nacional, según el Inegi.
“La solución está en empresas como Telcel, AT&T y Movistar, el problema es que nunca van a llegar a esas zonas rurales porque están muy dispersas y se justifican en que eso les cuesta muy caro”, lamenta Cruz.
Grandes obstáculos
En la actualidad, operan 50 instituciones de banca múltiple en México, las cuales cuentan con un activo de 9 mil 158 millones de pesos (mdp), de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Los grandes bancos están a años luz de distancia de las personas que viven en las zonas de alta o muy alta marginación”, considera la directora.
Por el contrario, las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos (Socaps) son las únicas opciones que tienen las personas que viven en estas áreas para acceder a los servicios financieros.
En términos del valor, estas sociedades representan apenas el 1.5 por ciento del sistema financiero nacional.
En este sentido, la directora de la asociación que tiene 25 años de existencia, comparte que la Ley Fintech puede ayudar, pero, reconoce, hay otras complejidades en términos de regulación.
Alrededor del 25 por ciento de los costos de operación del sector de ahorro de crédito popular se va en regulación.
México puede presumir de tener una legislación única en el mundo, pero Isabel Cruz sabe que aún quedan importantes barreras por derribar.
“La Ley Fintech no es el problema, es el sistema que ha dejado de lado a las comunidades rurales. Necesitamos empezar a hablar de esa población para tener una cancha pareja con ella”.
