México avanza en materia de justicia laboral, aunque en el camino de los derechos para las y los trabajadores del país aún queda mucho por recorrer.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que las empleadas del hogar deben contar con Seguro Social de manera obligatoria, se abrió el debate respecto a los derechos que reciben los trabajadores a nivel nacional.
La desigualdad de salarios y la diferencia en el número de días de descanso son otros temas que toman relevancia en la discusión frente a las condiciones que imperan a nivel internacional.
Juan José Díaz Mirón, socio en el bufete Díaz Mirón y Asociados, declara que la aprobación de la SCJN se convierte en una oportunidad para cuestionar el estado de los derechos de quienes prestan un servicio, como la prima vacacional o los días de descanso al año, que difieren en comparación con los que existen en otros países.
El abogado comenta que, de cara a la Reforma Laboral, los cuestionamientos sobre las condiciones en que las mexicanas se alquilan día a día podría ayudar a mejorar la justicia en esta materia.
“México está rezagado en justicia y derechos laborales, aunque últimamente tenemos avances en la materia como no se habían presentado en los últimos años”
“La aprobación de la Suprema Corte es un precedente para que la justicia laboral sea más rápida y se respeten con mayor medida los derechos laborales”, expone.
Datos del BID revelan que México se encuentra en el lugar 13 de 17 países con las peores condiciones para los empleados.
La República Mexicana tiene 50.3 puntos de una media de 57.12 en América Lartina, sólo está por arriba de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Enemigo a vencer
Carlos Alberto Rosas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, refiere que más allá del mercado laboral, el gran desafío para los actores involucrados es parar el desarrollo del empleo informal a nivel nacional.
El académico opina que el país cuenta con una de las leyes con mayor protección para los empleados; sin embargo, 56.6 por ciento de la fuerza laboral que se cobija en la informalidad no puede recurrir a las autoridades para hacer valer sus derechos, mientras que 43.3 por ciento restante desconoce la regulación que los ampara.
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Rosas reconoce el avance que significa que las más de dos millones de trabajadoras del hogar pasen a la formalidad, pero advierte que es necesario dar a conocer la legislación entre quienes prestan sus servicios en los diversos sectores en territorio nacional.
“El principal problema es la falta de cultura legal, por eso es mejor que con la Reforma Laboral, que estará lista en 2019, exista mayor difusión de los derechos de los trabajadores”.
