Conforme pasa el tiempo, más empresas se deciden por transitar el camino que les ofrece el outsourcing.
El año pasado, el valor de este mercado a nivel mundial ascendió a 85.6 mil millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas por Statista.
Ante las grandes fortunas que se obtienen por medio de la subcontratación y las injusticias que han expresado múltiples plantillas de personal en las empresas a nivel nacional, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, propuso reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con la intención de evitar la evasión fiscal por parte de los outsourcing y restaurar los derechos de los trabajadores.
Un outsourcing fuera de la ley no da un contrato por escrito, no genera antigüedad y tampoco brinda seguridad social
Aunque al principio se especuló que se había propuesto la desaparición total de este sistema, Gómez Urrutia aclaró que su iniciativa no prohibía el outsourcing, sino que las empresas que se dediquen a este esquema tendrán un plazo de 12 meses para autorregularse en todo lo que hayan evadido al fisco, al pago de utilidades a trabajadores o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De aprobarse las reglas fiscales impulsadas para regular el outsourcing en el país habría un impacto negativo en 30 por ciento de las pymes y más de 8 millones de trabajadores se verían afectados.
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En algunas ocasiones las empresas de tercerización financian hasta dos meses consecutivos de las compañías a las que prestan servicio, por lo que de avanzar en la reforma, el flujo de efectivo en las empresas y los costos de la subcontratación se podrían incrementar hasta en un 7 por ciento.
Otra de las consecuencias podría ser que las pymes al no tener infraestructura propia para absorber a todos los empleados, lleven los pagos a la informalidad. Por otra parte, las empresas de outsourcing se verían en la necesidad de comenzar a despedir personal y cerrar empresas, de acuerdo con un análisis de la firma TallentiaMX.
Para Juan Carlos de la Vega, socio director de Santamarina y Steta, desde el momento en que se propone esta cambio, si se podría acabar con el outsourcing ilegal, pero terminarían también con el legal, ya que limitarían la contratación de personal temporal y especializado. Además las empresas reducirían su negocio en un 90 por ciento con la posibilidad de desemplear gente.
Después de tantos años de irregularidades se justifica una regulación
“En empresas como Adecco, Manpower, entre otras que se rigen bajo un marco legal, el espectro de su negocio se vería reducido, pues se acabaría con una parte muy importante. Asimismo, ya no necesitarían emplear a tanta gente dando el servicio, será entonces cuando las personas deberán buscar una oportunidad en otras empresas o simplemente se quedarán sin empleo”, detalla el también encargado del área de derecho laboral.
Mala reputación del Outsourcing
En la última década, el término outsourcing adquirió una connotación negativa, debido a que se le relacionó con la irresponsabilidad que algunas empresas mantienen con sus colaboradores al momento de no ofrecerles prestaciones de ley que les permitan accesar a mejores condiciones laborales.
Este modelo de subcontratación aplicado de manera correcta y tal cual lo dicta la Ley Federal del Trabajo (LFT) ha beneficiado a múltiples empresas en el país al permitirles reducir gastos por contratación de personal, riesgos de sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a aumentar la rentabilidad de la empresa.
En actualidad, los prácticas ilegales de outsourcing son frecuentes, existen compañías que optan por este tipo de servicios para que los contratos del personal que realizan un trabajo permanente sean válidos solo por un periodo que va de 30 a 90 días, además evaden impuestos y el pago total o parcial al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de los honorarios asimilables a salarios.
En el país 71.7 millones de personas carecen de seguridad social, cifra que representa 57.3 por ciento del total de la población, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
71.7
Hasta agosto de este año, en las empresas que conforman la AMECH se registraron un total de 900 empresas de tercerización y el número de trabajadores que están bajo este régimen suman 171 mil 162, de acuerdo con los datos de la propia asociación.
Para Pablo Lezama, director general de la AMECH, la evasión de impuestos, violación a los derechos de los trabajadores y el subregistro de las cuotas del seguro social que evita el outsourcing ilegal es una batalla que han intentado librar desde hace muchos años, ya que es un problema que afecta a las empresas que hacen la tercerización de personal de manera apegada a la ley.
La falta de un contrato por escrito, antigüedad, seguridad social, aguinaldo, Afore, Infonavit, vacaciones y prima vacacional son algunas de las afectaciones que padecen los colaboradores bajo un régimen de outsourcing fuera de la ley.
“Los outsourcing que cumplen la ley respetan los derechos de sus empleados. En el 2018, el AMECH detectó que sus colaboradores ganaban más que el 68 por ciento de los trabajadores en México.
Cuando este sistema se hace bien, es mentira que precariza los derechos del personal, al contrario ganan más, están en mejores condiciones y tienen una mejor garantía de sus derechos