La amenaza económica del cambio climático a los países de Latinoamérica

Baja productividad laboral y alteraciones a las producciones agrícolas, son apenas dos de los impactos al crecimiento económico de América Latina y el Caribe de la crisis climática.

El escenario es aún más preocupante si se toma en cuenta que para tratar la  rápida “depreciación del acervo de capital” debido a la crisis climática, los países de la región cuentan con una capacidad fiscal limitada, advierte la Comisión Económica para América Larina y el Caribe (Cepal).

Para tener un panorama más amplio del efecto de la crisis climática, la Cepal evaluó a seis países de la región: Barbados, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Santa Lucía. Estos son especialmente vulnerables a los cambios de las condiciones climáticas, elevados niveles de pobreza y desigualdad y alta dependencia a las actividades económicas como la agricultura y el turismo, sin embargo el análisis advierte que la mayoría de las naciones que conforman la región están situados en zonas geográficas expuestas a cambios en las condiciones hidrometeorológicas o eventos climáticos severos.

Desde la década de 1980 se ha observado un aumento en los fenómenos extremos entre los que se menciona a las altas temperaturas, sequías y el aumento del nivel del mar. El conteo elaborado por la Cepal señala, por ejemplo, que entre 2010 y 2019 hubo 90 desastres climáticos; mientras que entre 2020 y 2022 se registraron 35.

Bajo este panorama el cambio climático supone una perturbación permanente para la estructura de producción de la región, señala la Cepal.

“El impacto progresivo del cambio climático, como el aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de precipitación, podría socavar los fundamentos subyacentes del crecimiento económico potencial, particularmente a través de su impacto perjudicial sobre la productividad, y la competitividad económica”, señala el análisis.

Para dimensionar el impacto en el crecimiento de las naciones, la Cepal calcula una baja de entre un nueve y 12 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) de este grupo de países para el 2050.

Con el objetivo de compensar el impacto climático al crecimiento económico estos países tienen que hacer inversiones “extraordinariamente altas”, mismas que podrían oscilar entre un 5.3 y 10.9 por ciento del PIB anual, además esto representaría un importante aumento de la inversión total, que en 2022 se ubicó entre el 14.1 y 33 por ciento del PIB de esos grupos.

Pero en caso de que los países busquen invertir de forma anticipada para adaptarse al cambio climático y limitar su impacto económico, este proceso podría traducirse en niveles de deuda pública de hasta 100 por ciento de su PIB.

“El acervo de capital productivo puede sufrir una rápida depreciación si no se adoptan políticas públicas proactivas y no se realizan inversiones privadas orientadas a crear una mayor resiliencia en los sectores afectados y promover la diversificación económica”, dice la Cepal.

Por ejemplo, las afectaciones en la agricultura, que es uno de los principales sectores económicos de Centroamérica, en el caso de Guatemala y Honduras representa 30 por ciento del total del empleo y en el caso de El Salvador es 15 por ciento.

Otro foco de atención es el turismo, que desempeña un papel central en los países del Caribe. Diversos estudios han observado que fenómenos como huracanes redujo dos por ciento la llegada mensual de turistas y hasta 20 por ciento en el caso de eventos de mayor magnitud.

México, mejorar acciones concretas

En el caso de México y los recursos que destina para enfrentar los retos medioambientales,  análisis especializados señalan que se requieren mejoras sustanciales para poder garantizar su correcta aplicación y que se traduzca en acciones concretas, como el combate al cambio climático.

Por ejemplo, a pesar de destinar 197 mil millones de pesos para esa labor en el país, vía los anexos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), solo 59 mil millones contribuyen de manera efectiva a atender la crisis climática, de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En su investigación ‘Cambio climático: Acciones desde los recursos públicos’ el CIEP da cuenta de que el 30.1 por ciento de los recursos asignados al financiamiento climático logra cumplir con su objetivo, esto debido a las inconsistencias que existen entre los anexos transversales y los programas presupuestales que los componen.