Enrique Martínez tiene 37 años y trabaja turnos de 24 horas seguidas como vigilante del lobby de un edificio corporativo en Avenida Reforma. Se trata de un trabajo tranquilo pero no por ello exento de riesgos, sin embargo si en algún momento de su jornada laboral sufre algún percance no cuenta con algún servicio médico que le respalde. Tampoco tiene una cuenta de ahorro para su retiro o un fondo para ahorrar para el enganche de una casa, esto porque trabaja en condiciones de informalidad, al igual que más de la mitad de los trabajadores mexicanos.
“Yo ya tengo cuatro años trabajando de vigilante, me contrataron de una empresa externa y me mandaron a este edificio, en aquel entonces tenía un contrato pero no incluía mi registro al IMSS y después la empresa esa cerró pero los del edificio me dijeron que me quedaran y ellos me pagan directamente, pero tampoco tengo con ellos el registro al IMSS.
Es un trabajo tranquilo pero a veces si me pongo a pensar en los riesgos, no tengo seguro social si me pasa algo pues yo voy a tener que pagar. En enero medio COVID y afortunadamente ya tenía las vacunas y no me puse mal pero me preocupaba mucho que me fuera a poner mal, no sabía a dónde iba a poder ir”, señala Martínez.
Durante el segundo trimestre de este año 55.7 por ciento de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre las categorías que se contemplan dentro de este trabajo informal están el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado no protegido, así como los trabajadores subordinados quienes, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen sin seguridad social.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica la informalidad desde dos vertientes. El primero, un concepto estadístico de sector informal en el que las personas participan directamente en los procesos de generación de bienes y servicios de la unidad económica, ya sea encabezando la actividad o apoyándose en trabajadores subordinados.
En tanto que señala al empleo informal como la contratación sin protección social, donde el empleador contrata “fuera de nómina”, para eludir contribuciones patronales a la seguridad social. Esta situación se puede encontrar en cualquier unidad económica, tanto en el sector formal como en el informal.
La CEPAL también señala que la informalidad es una característica estructural de los mercados laborales que incide negativamente “sobre las personas trabajadoras, que ven vulnerados sus derechos fundamentales, principalmente en materia de protección social y de condiciones de trabajo decente”.
Pero la informalidad también incide en el sector empresarial y el Estado así como el ámbito de acción del gobierno, en el primer caso porque se ven afectados elementos como la productividad, sostenibilidad y por la competencia desleal; y en el segundo caso porque reduce la recaudación fiscal.
Hay un elemento más que se relaciona con el fenómeno de la informalidad y ese es la pobreza laboral, advierte el organismo México ¿Cómo vamos?
“Estados como Oaxaca y Guerrero no solo tienen los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino que también tienen las proporciones más elevadas de trabajadores en informalidad laboral. A la inversa, Chihuahua, Baja California Sur, Nuevo León y Coahuila, donde la pobreza laboral muestra niveles bajos, también tienen menores tasas de informalidad laboral”, señala.
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