Inclusión no es solución

Para instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inclusión financiera es una parte crítica en la lucha para reducir la pobreza y lograr un crecimiento económico incluyente.

Esto debido a que la expansión de la participación en el sistema financiero formal, sobre todo a sectores de la población que normalmente se ven excluidos o marginados por éste, le permite a la gente emprender y expandir negocios, invertir en educación, y absorber golpes económicos externos.

Un reporte reciente del BM destaca que tener una cuenta en un banco o una institución similar vuelve más fácil y menos costoso el pagar deudas y recibir pagos, además de que incentiva el ahorro al ofrecer un lugar seguro para almacenar dinero.

Además, para los mercados emergentes, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son fuentes importantes de empleo e ingresos, la investigación muestra que los negocios sin acceso al sistema financiero formal tienden a crecer menor y sobrevivir menos tiempo.

Es por esto que el BM celebró recientemente que la proporción de la población adulta del mundo que tiene una cuenta con una institución financiera o sistema de pagos pasó de 51 por ciento en 2011 a 62 por ciento en 2014.

En el caso de los países en desarrollo este aumento fue aún más pronunciado, ya que en el mismo periodo se pasó de un 41 por ciento de inclusión a un 54 por ciento. En Latinoamérica y el Caribe esta proporción dio un salto de 39 a 51 por ciento.

Sin embargo, algunos expertos advierten que la inclusión financiera no es una panacea. Jeremy Tobacman, profesor en la Universidad de Pensilvania, se encuentra entre quienes han señalado que la reducción de la pobreza y la desigualdad requiere de mucho más que la expansión del acceso a servicios financieros.

El caso mexicano

El caso de México, que pese al avance en este indicador sigue teniendo uno de los menores niveles de inclusión financiera en Latinoamérica, parece respaldar la opinión de expertos como Tobacman.

A pesar de que el BM reporta que en el país la inclusión pasó de 27 a 39 por ciento entre 2011 y 2014, los indicadores de pobreza y desigualdad se mantuvieron relativamente estables durante el mismo periodo.

México es destacado positivamente por el BM, junto con Brasil, debido a que el Gobierno Federal ha vuelto una prioridad la digitalización de pagos en programas de apoyo social como Oportunidades para incentivar el acceso al sistema financiero formal.

Pero en los últimos indicadores bienales de pobreza publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) destaca que la proporción de la población viviendo bajo la línea de pobreza en el país se ha mantenido por encima del 50 por ciento en los últimos cinco años.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), parte de la Organización de las Naciones Unidas, también ha señalado que la reducción de pobreza en México se encuentra entre las tres más bajas en Latinoamérica, junto con Honduras y El Salvador. 

Según el índice multidimensional utilizado por la Cepal, entre 2005 y 2012 la proporción de la población mexicana viviendo en pobreza pasó de 43 a 41 por ciento.

No es panacea

Nancy Hite, profesora en la Universidad Tufts, indica que la inclusión financiera (y una de sus herramientas más destacadas, el microfinanciamiento) ayuda a estabilizar ingresos, pero sus beneficios no deberían de ser exagerados.

David Roodman, investigador en el Centro para el Desarrollo Global (una organización sin fines de lucro), advierte que ampliar el acceso al crédito “amplifica los riesgos. A algunas personas les va bien cuando obtienen crédito, y a otras no”.

Roodman agrega que “el reto clave es construir instituciones para que el nuevo crédito no cree burbujas y se ponga a trabajar de forma económica y socialmente deseable”.

Hite y Roodman advierten que a pesar de que los programas de microfinanciamiento tienen mucho potencial, “pensar acerca del acceso financiero como una panacea” es el camino equivocado.