La fortuna de los “super ricos o gigantes corporativos” podría ser una fuente de recursos para las arcas públicas de casi todas las naciones del mundo que intentan sanear los efectos devastadores de la pandemia por COVID-19. La carga de más impuestos a los más ricos ha dejado de ser una propuesta aislada de pequeños organismos o grupos académicos para, en este momento, ser retomada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) o las autoridades financieras de Estados Unidos.
El año del “gran confinamiento” acentuó la desigualdad, reconocen diversos organismos internacionales. Por ejemplo, cálculos de OXFAM advierten que el número de pobres en el mundo pudo haber aumentado entre 200 y 500 millones el año pasado, mientras que la revista estadounidense Forbes en su publicación anual de Billonarios advierte que sus integrantes aumentaron su fortuna en cinco billones de dólares el año pasado.
En el Monitoreo Fiscal de abril 2021 el FMI propone que se lleven a cabo reformas tributarias para establecer contribuciones temporales de los “ingresos o patrimonios elevados” a través de impuestos a las ganancias de capital, la propiedad y la herencia. Incluso el organismo señala que los países ricos tienen margen para apuntar a las personas o compañías que prosperaron durante la pandemia.
El retiro de los apoyos fiscales que han implementado los países para contener los daños del paro económico que se vivió el año pasado parece no ser una buena opción, pero los gobiernos también tienen que evaluar los riesgos de una creciente deuda pública y privada, destaca el organismo internacional.
El FMI no está solo en este llamado, Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, apoyó el plan para incrementar los impuestos corporativos con el objetivo de contar con recursos para las ambiciosas inversiones en infraestructura que pretende llevar a cabo el gobierno de ese país y con ello impulsar la generación de empleos y la economía del país.
El plan del gobierno encabezado por Biden propone incrementar el impuesto corporativo de 23 a 28 por ciento, fortalecer el impuesto mínimo global para las multinacionales, además de alentar a otros países a adoptar fuertes impuestos mínimos sobre las corporaciones y negar deducciones a las empresas con sede en otros países que “busquen sacar ventaja” de su estancia en Estados Unidos.
La propuesta también incluye medidas de prevención para que las empresas estadounidenses eviten invertir en paraísos fiscales, eliminar preferencias fiscales a empresas de combustibles fósiles y evitar que las grandes corporaciones aprovechen lagunas del código fiscal para beneficiarse.
Este plan representa una reivindicación de justicia fiscal toda vez que los impuestos corporativos son el pilar fundamental de los sistemas fiscales progresivos, además de que debido al “poder hegemónico” de ese país bien podría extenderse sus beneficios, señala Alex Cobham en un artículo publicado en Tax Justice Network.
Y los impuestos de los ricos mexicanos
Los “super ricos” mexicanos también están en el radar de los legisladores del país, mismos que han prometido enfocarse en la integración de una reforma fiscal una vez que concluyan las elecciones de junio 2021.
En febrero de este año, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar propuso que los millonarios mexicanos aporten por única ocasión entre dos y 3.5 por ciento de sus fortunas para atender las crisis económica y sanitaria que provocó el COVID-19.
Los recursos que se obtendrían de este gravamen se destinarían a la compra de insumos médicos y renovación de instalaciones hospitalarias enfocados en la atención de pacientes COVID-19, así como la investigación médica y apoyos para la recuperación de pequeñas y medianas empresas.
Cuando presentó esta iniciativa, Ramírez Cuellar señaló que al aplicar una tasa de 2.5 por ciento a los patrimonios de 20 mil millones de pesos se podrían recaudar 50 mil millones de pesos provenientes de 12 familias millonarias.
Uno de los elementos esenciales que debe contener la reforma fiscal en México es el aumento a impuestos sobre las ganancias de capital, es decir, los gravámenes que se enfocan en el beneficio obtenido por la venta de un activo, de acuerdo Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Estos cambios fiscales también deberán contener revisión a las deducciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), impuestos ambientales y un nuevo pacto fiscal entre federación y estados para otorgar incentivos a quienes recauden más.