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Asociaciones civiles proponen que los ingresos provenientes de la medida recaudatoria se destinen a infraestructura que dote de agua potable gratuita a las escuelas
En el tema de la reforma fiscal, una de las propuestas incluidas dentro de la iniciativa presentada esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto ha intensificado el conflicto entre las compañías refresqueras y algunas asociaciones civiles.
La propuesta en cuestión gravaría con un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, como refrescos, jugos, tés, concentrados, entre otras, a una tasa de un peso por litro.
En el caso de los refrescos, esto sería adicional al 16 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) que ya se aplica.
El texto de la iniciativa dice que este impuesto “se calculará mediante la aplicación de una cuota de 1 pesos por litro de bebidas saborizadas y por lo que respecta a concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener”.
Según cifras de la industria, esto representaría un aumento de entre 15 y 20 por ciento en el precio de las bebidas azucaradas.
La medida, según informa en su comunicado al respecto la presidencia de la República, busca desalentar el consumo de estos productos con alto contenido calórico, con el fin de reducir la incidencia de obesidad y sobrepeso, particularmente entre los niños.
Además, el nuevo impuesto aportaría, según estima el gobierno, más de 12 mil millones de pesos (alrededor de 915 millones de dólares) a la recaudación tributaria para el 2014.
Las empresas refresqueras acusan la medida de ser discriminatoria contra una industria e inefectiva en la lucha contra la obesidad, e indican que el objetivo del gobierno no es mejorar la salud sino meramente recaudar más impuestos.
Se debe considerar sin embargo que si el consumo se reduce en los niveles previstos por la industria, los ingresos fiscales obtenidos a partir de la venta de refrescos disminuirán correspondientemente, ya que menor consumo significa menor ingreso tributario derivado del cobro del IVA.
Por su parte, asociaciones civiles como El Poder del Consumidor y Oxfam han celebrado la medida, que prevén reducirá el consumo y contribuirá a combatir uno de los principales problemas de salud pública del país.
Lastimará a la industria
En respuesta a la iniciativa, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) afirma que el IEPS que se intenta aplicar a las bebidas azucaradas producirá efectos negativos en la industria.
Se espera que el nuevo impuesto disminuya en un 26 por ciento las ventas de refrescos. Esto es un gran impacto para una industria, que equivale al 2.3 por ciento del producto interno bruto, genera 540 mil empleos directos y tiene un valor de producción de 350 mil millones de pesos.
La reducción en las ventas representará, según la ANPRAC, una caída de 20 por ciento en las ganancias obtenidas en la industria, y tendrá como resultado la pérdida de 81 mil empleos en la cadena productiva del sector.
Por si fuera poco, la ANPRAC afirma que el IEPS no servirá para combatir la obesidad, ya que este es un problema multifactorial y que no puede señalarse únicamente a los refrescos como responsables.
La ANPRAC, basada en información del INEGI, dice que el consumo de refrescos representa solo el 6 por ciento de la ingesta calórica de los mexicanos.
Además, estima que en el mejor de los casos se disminuirá únicamente 35 calorías diarias en la dieta del mexicano promedio, lo que significa el 1.1 por ciento del total de la ingesta calórica.
La ANPRAC además ha calificado de regresivo el impuesto propuesto, ya que quienes sufrirán el aumento en el precio de forma más aguda serán las familias pobres, que gastan hasta 10 por ciento de sus ingresos comprando refrescos.
En ese sentido, el impuesto castigará a las familias más pobres e incrementará el desempleo. De prosperar la iniciativa, el 35 por ciento del precio de los refrescos será únicamente en impuestos, porque actualmente ya se paga el 16 por ciento de IVA a estos productos.
¿Cuestión de salud?
Las asociaciones civiles que han lanzado campañas mediáticas en contra del consumo de las bebidas azucaradas apuntan que esta es la principal fuente de calorías en la dieta mexicana, ya que una cuarta parte de las calorías ingeridas proviene de estas bebidas.
Sobre esta línea, la Secretaría de Salud ha indicado que el alto consumo de bebidas azucaradas se encuentra entre las principales razones del aumento en el sobrepeso y la obesidad.
Algunas de las asociaciones civiles involucradas en el tema señalan que la falta de de acceso a agua potable gratuita en escuelas y espacios públicos ha contribuido en gran medida al alto consumo de bebidas como los refrescos.
Además, enfatizan que el problema de salud pública relacionado con este consumo representa una carga muy pesada para las finanzas gubernamentales, y que se prevé que para el 2018 el costo para el sistema de salud pública sea de 170 mil millones de pesos.
Para estas asociaciones, un impuesto de 20 por ciento a los refrescos provocaría una reducción de 16 a 24 por ciento en el consumo de estos productos, y una mejoría en la economía de las familias, que en promedio gastan más en refrescos que en huevo, frijoles o tortillas.
En respuesta, las asociaciones civiles sugieren que los ingresos tributarios derivados de la medida se inviertan en infraestructura destinada a proveer agua potable gratuita en todas las escuelas públicas y en decenas de miles de espacios públicos en todo el país.
