Dependiendo de la costa del Atlántico en la que se encuentre, para la empresa energética española Iberdrola las cosas marchan muy diferente.
Por un lado, en México la empresa ha cimentado su posición como el segundo mayor productor de electricidad del país, solo detrás de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), operando seis centrales eléctricas (con dos más en camino, gracias a dos contratos adjudicados en el 2013), y tres parques eólicos en territorio mexicano para generar el 14.5 por ciento de la electricidad del país.
Pero del otro lado del océano, en España, Iberdrola es investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de este país bajo sospechas de manipulación fraudulenta de precios en el mercado mayorista de electricidad.
De probarse ciertas las acusaciones de las autoridades, Iberdrola enfrentaría una sanción de hasta 30 millones de euros (aproximadamente 531.3 millones de pesos mexicanos).
Por su parte, Iberdrola emitió esta semana un comunicado en el que “niega rotundamente haber realizado cualquier tipo de manipulación sobre los precios”, y en donde anuncia que responderá a las alegaciones ante la CNMC.
Manipulación eléctrica
El diario español El País reporta que la investigación de la CNMC se centra en eventos ocurridos entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre del 2013 en varias instalaciones de Iberdrola en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Sil.
Las autoridades alegan que irregularidades en estas instalaciones llevaron a un alza de precios del 11 por ciento para los consumidores de electricidad.
Gracias a esto, los precios de la electricidad rebasaron los 90 euros por megavatio-hora (MWh), niveles que la agencia Europa Press apunta no se habían visto desde inicios de la década pasada.
Después de haber frenado este aumento y fijar un precio de 48 euros por MWh, el gobierno español lanzó una investigación al respecto.
Este proceso llevó a las autoridades a sospechar de actividad ilícita por parte de Iberdrola, y dio inicio a una segunda fase de investigación para determinar si se debe sancionar a la empresa o no.
A partir de la apertura del expediente sancionador, se abre un plazo de 18 meses para que la CNMC tome una resolución respecto al caso, aunque la agencia regulatoria ha indicado que la apertura de la segunda fase investigativa no prejuzga si se castigará o no a Iberdrola
