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El pasado 8 de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró su más alto valor en la historia.
Desde entonces, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), aquel que sigue el desempeño de las 35 empresas más representativas de la bolsa, registra una caída constante.
Cuando esta tendencia negativa se volvió evidente, los analistas económicos afirmaron que se debía a un proceso natural de ajuste, ya que los principales índices bursátiles en Estados Unidos experimentaban el mismo efecto.
Sin embargo, esta similitud desapareció hace tiempo.
Ahora es evidente que los problemas en la Bolsa Mexicana de Valores se deben a que los empresarios reflejan una mayor cautela al momento de invertir en México.
La nueva percepción de los inversionistas surge en un momento en que el país se enfrenta a diferentes crisis y escándalos que han opacado su imagen en el ámbito internacional.
El consenso de analistas afirman que el país no ha perdido por completo su Mexican Moment, aquel término acuñado por la revista The Economist para referirse al gran potencial que tiene el país.
Pero esto no significa que las expectativas hayan caído en los últimos meses.
Lo que más le preocupa a las empresas e inversionistas, más allá de los problemas de violencia e inseguridad, es la corrupción en los altos niveles de gobierno.
En la última encuesta sobre percepción de corrupción realizada por Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 35 sobre 100, con lo que se ubicó en la posición número 103 de 175 países encuestados.
Aunque el resultado es malo, no existe ningún cambio significativo con las encuestas de años recientes.
De tal modo, economistas y administradores de fondos señalan que el problema de percepción al que se enfrenta el país en los últimos meses se debe más bien a los escándalos de corrupción mediáticos recientes.
Seguridad jurídica frena expectativa
De acuerdo con FTI Consulting México, una firma mundial estadounidense de asesoramiento empresarial, la falta de seguridad jurídica es lo que más preocupa a los inversionistas extranjeros.
Sergio Díaz, jefe de la oficina de México de FTI, explicó en entrevista para Reporte Indigo que la imagen del país ha sufrido un gran revés en los últimos meses.
“Más que temor, hay escepticismo de que la reforma vaya a llegar a los niveles (esperados) o las posibilidades de hacer negocio en México vayan a ser tan jugosas como parecía hace unos meses”, dijo Díaz.
Una de las explicaciones para este cambio de expectativas es el surgimiento de protestas en contra de la inseguridad por la que pasa el país.
Las marchas violentas en contra del gobierno dan la sensación de un Estado débil, incapaz de proteger el mundo empresarial.
Sin embargo, Díaz afirma que la mayoría de los grandes inversionistas están acostumbrados a trabajar en países con problemas similares y que, en el peor de los casos, sólo representa un costo adicional para las empresas que se traduce en gastos de seguridad privada.
En ese sentido, este contexto no es nuevo para México y no explica la nueva cautela del sector privado.
“El tema de la inseguridad ya venía sucediendo (desde) hace tiempo, el estallido, por ejemplo, de la tasa de mortandad asociada con el crimen organizado ya tenía desde el 2007”, explicó.
La sombra de la licitación
La corrupción, al igual que la violencia, no es un fenómeno nuevo para México. Las empresas extranjeras también prevén que trabajar en el sistema mexicano requiere un gasto adicional en este rubro.
No obstante, los escándalos de corrupción en los altos niveles de gobierno suelen tener un mayor impacto.
Sergio Díaz, quien también es managing director de la práctica de Consultoría Forense y de Litigios de FTI, señala que la cancelación del tren México-Querétaro representa el mayor golpe que ha tenido la imagen del país en los últimos meses.
“Este tema de la cancelación de la licitación afecta la forma en la que se toman las decisiones por parte de los empresarios y los inversionistas, porque es una falta de seguridad jurídica que pudiera registrarse con mayor frecuencia”, dijo.
“Nos lo han dicho algunos inversionistas estadounidenses que creen que ya está dado el juego, que están los dados cargados a ciertas empresas”.
Para solucionar este problema en particular, el Gobierno Federal debería realizar una campaña de comunicación con los inversionistas con el objetivo de transparentar la toma de decisiones.
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