El encarecimiento de la gasolina ha puesto en jaque el bolsillo de los mexicanos. El alza de 21 por ciento en el precio de los combustibles ha generado un efecto dominó en la sociedad.
Ante la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de la comercialización, distribución y expendio al público de gasolinas y diésel, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por denuncia.
La autoridad reguladora publicó en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet el aviso del inicio de la averiguación.
“A partir de la Reforma Energética, los expendedores de gasolina y diésel han buscado esquemas para lograr economías de escala por lo que, en fechas recientes, podrían haberse llevado a cabo procesos de consolidación de expendedores mediante adquisiciones, fusiones, consorcios o ‘alianzas comerciales’.
Se observó, por ejemplo, que en el último año el 10 por ciento de las estaciones de servicio del país ha cambiado de razón social”, manifestó la Comisión en un comunicado.
Estas operaciones, que generalmente buscan conseguir objetivos como reducir costos, mejorar la proveeduría de insumos o ampliar la oferta de combustibles, no necesariamente son concentraciones ilícitas, manifestó el organismo.
Aunque explicó que pueden constituir una práctica anticompetitiva si aumenta sustancialmente el poder de uno o varios agentes económicos, desplaza a otros agentes, obstaculiza el acceso de terceros al mercado o a insumos esenciales, o facilita la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
“Por ello, desde 2016 la Cofece recomendó a los agentes económicos de este sector que notifiquen de forma preventiva cualquier proyecto de asociación o concentración, con el objeto de ponderar su posible impacto en las condiciones de competencia que prevalecen en los mercados de estos combustibles”, detalló en el comunicado.
Asimismo, explicó que se considera conducta anticompetitiva cuando las operaciones logran conferir o aumentar el poder sustancial de uno o varios agentes económicos, desplazar a otros agentes económicos o establecer barreras a la entrada que impidan a terceros el acceso al mercado o a insumos esenciales, y facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañen a los consumidores.
En caso de comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la Cofece puede imponer sanciones como demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos, así como multas hasta del 8.0 por ciento de los ingresos del agente económico.
Asimismo, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y multados hasta con 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), entre otras sanciones.
El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo.