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"Nadie puede estar de acuerdo en que saqueen a los argentinos"
Argentina se encuentra en problemas y el gobierno no tiene duda de quiénes son los culpables: los empresarios.
La campaña en contra de la inversión privada encabezada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se intensificó el fin de semana después de que Buenos Aires amaneciera cubierta de carteles que fichan a ejecutivos de grandes compañías.
“Estos son los que te roban el sueldo”, rezan los pósters que contienen los rostros de ejecutivos de empresas como Wal-Mart y Carrefour.
Los carteles están firmados por la agrupación Unidos y Organizados, identificada como un grupo político aliado a Cristina.
Cuando las condiciones económicas empeoraron de manera drástica hace dos semanas, el gobierno no tardó en declarar que los problemas a los que se enfrenta la moneda argentina se deben principalmente a los “ataques especulativos” de grupos económicos.
De acuerdo a diversos funcionarios, como el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof, estos grupos y empresas tienen la intención de depreciar el valor de los activos financieros y reales con el fin de quedarse con el dinero de los argentinos.
En respuesta, diversos analistas advierten que la situación por la que pasa Argentina se debe a 10 años de gobiernos kirchneristas con prácticas populistas deficientes.
La difusión de los pósters se dio después de que Cristina Fernández pidió a los argentinos trabajar en conjunto con el gobierno para reportar precios injustamente altos.
“Nadie puede estar de acuerdo en que saqueen a los argentinos”, dijo la mandataria mientras instaba al pueblo a detener el saqueo que, considera, están cometiendo los grandes grupos económicos.
La reciente devaluación del peso argentino ayudó a impulsar la inflación y ocasionó que muchos comercios subieran más del 20 por ciento sus precios.
La inflación es el principal problema económico que enfrenta Argentina, que el año pasado fue reconocido como el cuarto país donde más subieron los precios, solo por detrás de Irán, Siria y Venezuela.
De manera oficial, la inflación se ha ubicado en el 10.9 por ciento sobre el producto interno bruto (PIB). Sin embargo, esta cifra no es aceptada por el Fondo Monetario Internacional u otros economistas. Actualmente se estima que la inflación verdadera está rondando el 25 por ciento.
A pesar de los problemas abrumadores, Argentina ha logrado controlar el deterioro de las reservas internacionales y empujar el valor del peso mediante el incremento de las tasas de interés y reduciendo la cantidad de dólares que se les permite tener a los bancos.
En su defensa…
El discurso oficialista no parece mover la opinión de los economistas que afirman que el problema se debe a la política económica populista de Fernández.
La visión generalizada es que el sobregasto público para mantener subsidios gubernamentales ha terminado por quebrar al país.
A esto se le debe agregar un ambiente incierto para la inversión donde las empresas no cuentan con la certidumbre jurídica de un estado de derecho.
El control que maneja el gobierno sobre la economía es invasivo y problemático para las inversiones de mediano y largo plazo, solo hay que recordar el caso de la expropiación de la española Repsol.
De acuerdo con analistas de Bank of America Merrill Lynch, Argentina ha dejado de ser un país competitivo y debe esperar una contracción para este 2014.
El gasto fiscal se encuentra en su nivel histórico real más alto, mientras que el gobierno continua emitiendo moneda y quemando reservas internacionales para quemar esta expansión.
La estrategia económica del país latinoamericano es insostenible, aseguran economistas. La contracción será un resultado del descenso en los salarios ajustados a la inflación, lo que provoca una reducción del consumo, así como la contracción en el gasto fiscal ajustado a la inflación.
De manera similar, expertos citados por The Wall Street Journal afirman que la pequeña establización económica no durará mucho si no se resuelve antes la falta de confianza en el peso argentino.
Y Venezuela hace lo mismo
Argentina no es el único país latinoamericano que se ha caracterizado por satanizar a la inversión privada.
Desde épocas de Hugo Chávez, Venezuela ha sido un país donde los empresarios se han tenido que enfrentar a condiciones adversas y los constantes ataques mediáticos.
El último capítulo en esta novela ocurrió ayer cuando el actual presidente Nicolás Maduro consiguió que entrara en vigor una nueva ley de control de precios.
A través de dispocisiones legales, las compañías venezolanas no podrán vender productos más allá de un 30 por ciento por encima de los costos del mismo.
La nueva Ley Orgánica de Precios Justos ha sido anunciada por Maduro como un arma para acabar con la especulación de las corporaciones que tienen secuestrada la economía de Venezuela.
Aquellas personas que excedan el valor de los precios justos oficiales podrán enfrentarse a un periodo en prisión de 2 a 14 años, retiro de licencias para comerciar, expropiación y multas.
El ordenamiento jurídico contempla 15 delitos diferentes que van desde la usura, hasta la renuencia de inscribirse en un registro único de comerciantes.
Otras medidas similares fueron tomadas el año pasado cuando el gobierno obligó a ciertas tiendas a reducir los precios de sus productos alegando que estaban abusando del pueblo.
Este tipo de acusaciones y medidas no son exclusivas de Argentina y Venezuela, si no que suele verse como una radicalización que toman ciertos grupos políticos de izquierda ante crisis económicas.
Bank of America Merrill Lynch Global Research detalla tres escenarios posibles para Argentina, todos ellos resultando en una contracción económica durante el 2014
