Expertos en materia energética expusieron los pros y los contras de la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo Federal y que es analizada en la Cámara de Diputados.
Durante una mesa de diálogo convocada por la Comisión de Energía, los participantes dijeron estar de acuerdo en que se realicen cambios a la ley para terminar con el huachicol o robo de combustible.
Sin embargo, los ponentes invitados por los legisladores de oposición, advirtieron que la reforma es inconstitucional, discrecional, generará falta de certeza jurídica y violaciones en materia de competencia económica, lo cual fue rechazado por Morena y sus aliados quienes la defendieron y rechazaron que los cambios afectarán las inversiones.
El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez afirmó que el proyecto presidencial no toca contratos con empresas privadas vigentes, sólo hace ajustes en el régimen de permisos y sanciones, para combatir el robo de combustibles, penalizar a quienes incumplan o violen la ley.
Al respecto, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Nicolás Domínguez, invitado de Morena, defendió la propuesta, al afirmar que no busca expropiar a privados, sino que aclara condiciones para mantener o bien, revocar y suspender permisos, y puntualiza que para ello se deberán considerar razones de seguridad nacional, seguridad energética y afectación a la economía nacional.
“Lo que se propone es nada más de que sí hay contrabando se le revoque el permiso. ¿Quién puede estar en contra de esto?, dijo el experto quien afirmó que no existe indicio o intención de expropiación.
El ingeniero César Humberto Cadena, presidente del Consejo de Administración de Grupo Energéticos y del Clúster Energético de Nuevo León, quien fue invitado por el PAN, dijo estar de acuerdo en que haya castigos y cancelaciones en los casos en los que se detecte contrabando de combustible, aunque externó su temor en que estos se apliquen de manera discrecional.
“Todos los castigos y todas las cancelaciones por motivo de contrabando, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros lo que sentimos es un temor de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales. Nada más que se aplique la ley, eso es lo que nosotros estamos solicitando. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y alineados precisamente a esta ley a evitar el contrabando, a evitar el daño al país”.
Los expertos Raúl Pérez y Rosanety Barrios, invitados por el grupo parlamentario del PRI, advirtieron que la propuesta afectaría la libre competencia económica, provocaría arbitrariedades al asignar facultades que no corresponden a autoridades como la SENER y la CRE; podría derivar en anomalías legales como la aplicación retroactiva de la ley.
“Me parece a mí que el mayor problema sí es un tema de procedimiento, Hace falta mucho mayor claridad para no caer en esta incertidumbre, en esta amenaza de posible expropiación sin compensación, porque la expropiación está perfectamente contemplada en nuestro marco legal.
“Por lo que se refiere a la CRE (Comisión Reguladora de Energía) no veo como un funcionario de la CRE va a poder determinar que hay causas de seguridad nacional que lo obligan a extinguir un permiso. El robo de combustible es un problema que daña a México, lo mismo la evasión fiscal, pero si no se toman los mecanismos adecuados vamos a terminar en letras muertas”.
En lo anterior coincidió la experta invitada por Movimiento Ciudadano, Abril Moreno, quien dijo: “Esta iniciativa de ley abre las puertas a la discrecionalidad. México había avanzado ya mucho en los últimos años en la garantía de los derechos y esta iniciativa debilita los derechos de libre competencia y dilapida el esfuerzo.
“En un momento de recesión económica como el que atraviesa México, es imponderable no continuar ahuyentando las inversiones en el país. No repitamos el error de lo que paso con la Ley de la Industria Eléctrica. Vamos a tener una ley y luego otra ley que van a nacer muertas”, advirtió.
En la mesa de diálogo también participaron expertos invitados por el PES, PT, PRD y PVEM. Se prevé que la Comisión cite a sus integrantes para dictaminar el proyecto, y llevarlo al Pleno la siguiente semana.
