La reducción de salarios a altos funcionarios federales no provocará efectos catastróficos a nivel macroeconómico, por el contrario, resultará positiva porque aportará a la redistribución de recursos planteada por el Ejecutivo, para financiar prioridades que tendrán efectos positivos en mayor número de la población.
Se trata de percepciones monetarias muy altas, comparadas con el nivel de ingreso del grueso de los mexicanos. Además, los impuestos que pagamos deben ser utilizados para crear empleos y reducir la pobreza, en vez de remunerar en exceso a unos cuantos servidores públicos, expuso Violeta Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
Sin embargo, alertó, esta reducción salarial podría tener implicaciones laborales, porque no es legal y abre la posibilidad de que el gobierno enfrente demandas por parte de los afectados, además de los efectos que esto pudiera provocar en la dinámica y calidad de trabajo del sistema administrativo federal.
“Aunque sus responsabilidades son proporcionalmente mayores y de suma importancia para el país, se han extralimitado los privilegios y percepciones de los servidores públicos de nivel superior, y deben acotarse”, indicó la especialista en finanzas públicas.
Expertos plantean que si estos funcionarios no reciben altos salarios, es más fácil que caigan en actos de corrupción. “El principal argumento para mantener sus remuneraciones ostentosas es desalentar la corrupción y mantener un orden de jerarquías, que permita una administración más eficiente, precisamente porque la jerarquía se determina en términos de salarios, más que de capacidades”, lamentó.
Pero éste es sólo un enfoque y en México siempre ha sido incierto, pues aunque tengan garantizado un salario alto, caen en actos ilícitos. “El salario no es entonces un estímulo suficiente para evitar la corrupción”.
Además, prosiguió, la reducción probablemente sólo afecte a quienes no tienen una contratación permanente.
“El desorden en el gobierno va más allá de respetar jerarquías o de que éstas se asocien al salario. Seguramente ya se previeron las posibles demandas y amparos, así que dependerá del sistema de justicia mexicano determinar si pueden evitarse o no”.
Con información de DGCS/UNAM
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