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El 2013 ha mostrado un nuevo ángulo de contraste entre México y Estados Unidos, y no es uno alentador.
Mientras que del otro lado de la frontera este año se ha visto progreso en las investigaciones y penalizaciones de los responsables de las prácticas fraudulentas que contribuyeron a la crisis financiera del 2008, en México no hay avances en el tema de los activos basura.
En Estados Unidos, los fraudes con activos basura tomaron la forma de activos respaldados por hipotecas.
Las autoridades argumentan que grandes bancos, como JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, entre otros, utilizaron hipotecas para respaldar activos que vendieron como inversiones atractivas a sus clientes, mintiéndoles acerca de la salud de créditos que los respaldaban.
En México, por otro lado, los activos basura han sido resultado de una combinación de malas prácticas tanto a nivel industrial como gubernamental en el desarrollo de las viviendas.
Las tres mayores desarrolladoras mexicanas -Homex, Geo y Urbi- han colapsado, dejando tras de sí deudas sin pagar y fraccionamientos abandonados.
Y aunque el gobierno federal ha cambiado el rumbo de sus políticas para adecuarse a esta realidad, aún no hay castigos para los responsables de esta situación.
La burbuja Mexicana
Cientos de miles de mexicanos se han visto afectados por las malas prácticas en la industria viviendera.
Con el apoyo de las autoridades, las principales constructoras se dedicaron a crear desarrollos urbanos para miles de casas sin tener una buena planeación.
El esquema con el cual se creó la burbuja viviendera es sencillo: Las desarrolladoras se dedicaron a construir casas sin tener asegurados una buena ubicación o los servicios básicos. Por su parte, el gobierno se comprometió a instalar la infraestructura para todos los hogares, colocar los medios de transporte adecuados (como rutas de camiones o metro) y encargarse de que las familias cuenten con todo lo necesario para su desarrollo.
Sin embargo, tanto el gobierno como las desarrolladoras no cumplieron sus promesas y se lavaron de toda responsabilidad.
Las personas que invirtieron en los proyectos se quedaron con casas que se encuentran retiradas de las ciudades, sin drenaje y sin la posibilidad de accesar a servicios públicos como escuelas. Esto ha provocado un éxodo masivo de familias que se han visto forzadas a mudarse.
Las tres más grandes desarrolladoras mexicanas, Homex, Geo y Urbi, provocaron el colapso de la industria viviendera en el mercado. La caída de más de mil 690 millones de dólares registrada en el 2013 ha ocasionado la suspensión de la Bolsa Mexicana de Valores de estas empresas.
Pero eso no es todo, las tres constructoras han dejado de pagar sus bonos a los inversionistas. De acuerdo a Bloomberg, las pérdidas totales en acciones y valor nominal de los bonos han ascendido aproximadamente a 3.95 mil millones de dólares. Por su parte, prestamistas europeos que ayudaron a financiar los proyectos de construcción están demandando a las empresas mexicanas. A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto (ni el de su antecesor) ha atendido el problema.
Mientras que las constructoras combaten múltiples demandas de sus acreedores, los complejos de casas se encuentran abandonados y algunos aparentan ya ser verdaderos pueblos fantasmas.
El castigo en EU
Tarde pero seguro, la culpa y el castigo están llegando para los bancos responsables de los fraudes con activos basura en Estados Unidos en el periodo previo a la crisis del 2008.
Las autoridades acusan a instituciones financieras de vender activos basura, respaldados por hipotecas de muy cuestionable calidad crediticia, a sus clientes como si fueran inversiones de excelente calidad, pese a que sabían que la verdad era otra.
Este año, el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) tuvo un triunfo al lograr una admisión de culpabilidad y un acuerdo de 13 mil millones de dólares -el más grande acuerdo judicial para una compañía estadounidense en la historia- con JPMorgan Chase como castigo por las prácticas fraudulentas del banco.
Sin embargo, Bloomberg reporta que algunos han criticado la decisión, argumentando que es demasiado dura contra JPMorgan Chase después de que el gobierno le solicitó adquirir los emproblemados bancos Bear Stearns y Washington Mutual Bank durante la crisis.
En contraste, otros dicen que aún no es suficiente, ya que no se han presentado cargos criminales contra los banqueros responsables de los fraudes.
Lo cierto es que la penalización de JPMorgan Chase representa un cambio dramático en el discurso de las autoridades estadounidenses, pues cuando castigaron a HSBC por diversas prácticas ilegales evitaron ser muy duros, argumentando que dado el tamaño del banco un castigo mayor podría dañar al sistema financiero.
“El acuerdo con JPMorgan debería considerarse un logro significativo para el Departamento de Justicia”, indicó Robert Shapiro, profesor de ciencia política en la Universidad de Columbia en entrevista con Bloomberg.
Y el DoJ no está cerca de detenerse, ya que el procurador general de justicia, Eric Holder, ha declarado que por lo menos otros nueve bancos, entre ellos Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs, están siendo investigados por prácticas similares.
El DoJ prevé que pueda proceder con demandas en estas investigaciones antes del final de este año o a inicios del próximo.