El peso de AT&T

No es un secreto que AT&T está disgustada con el gobierno mexicano. La firma de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos ha manifestado su rechazo a la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de restablecer la tarifa de interconexión, una de las medidas regulatorias más importantes que le fueron impuestas al agente económico preponderante, América Móvil.

AT&T, que ha invertido 4.4 mil millones de dólares en México a través de la adquisición de Iusacell y Nextel, argumenta que la eliminación de la tarifa de interconexión garantizaba una transición hacia un mercado de condiciones competitivas, otrora dominado por América Móvil, una compañía con características monopólicas.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia deliberó que la tarifa de interconexión era inconstitucional porque había sido determinada por el Congreso y no por el IFT, los competidores de América Móvil, notablemente AT&T y Telefónica, le enviaron un mensaje a la administración de Enrique Peña Nieto: la reforma de telecomunicaciones, uno de los logros más importantes de este sexenio, está en riesgo.

Desde el gobierno se argumentó que la medida tomada por el IFT refrendaba la autonomía y fortaleza de las agencias regulatorias del Estado.

No obstante, ni América Móvil ni AT&T quedaron satisfechos. La empresa de Carlos Slim, que considera que la tarifa de interconexión impuesta aún tiene tintes punitivos que subsidian a sus competidores, anunció que  planea impugnar la decisión del IFT en los tribunales.

El consenso de analistas sugiere que esto implicaría un regreso al status quo previo a la promulgación de la reforma de telecomunicaciones, en la que la dinámica del sector estaba marcada por la judicialización de las decisiones regulatorias.  América Móvil ha sido el mayor beneficiado de esta dinámica.

AT&T habría llegado más lejos para expresar su insatisfacción. De acuerdo al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la compañía estadounidense pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) intervenir a su favor en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “No puedes tener un acuerdo que le haga un traje a la medida, perfectamente trabajado, a una compañía específica”, señaló Guajardo.

AT&T tiene una larga relación con el USTR. Precisamente, en 1998, la compañía ventiló una queja ante esta agencia de gobierno en relación a las tarifas de interconexión que continúan en disputa. El gobierno estadounidense presionó a México a establecer condiciones mínimas de competencia que permitieran la entrada de AT&T a un mercado justo.

La influencia política de AT&T

La empresa estadounidense es una de las más influyentes en Washington. El año pasado, fue la segunda empresa que más gastó en actividad de cabildeo, de acuerdo al Center for Responsive Politics.

Se espera que la presión de AT&T sobre el gobierno mexicano siga creciendo, particularmente en un momento en el que la administración de Donald Trump cuestiona su fusión con Time Warner, valuada en 85 mil millones de dólares.

México podría convertirse en una víctima del quid pro quo entre AT&T y el gobierno de Estados Unidos, lo cual haría aún más complicado el proceso de renegociación del TLCAN.