El gobierno mexicano quiere cambiar la austeridad republicana por la pobreza franciscana. El objetivo: no incurrir en un déficit fiscal, a pesar de que en este momento la recaudación tributaria del país se encuentra rezagada.
Desde Palacio Nacional se despachó la orden de hacer más recortes al presupuesto de todas las secretarías de Estado, principalmente en gasto administrativo, comunicación social y servicios personales.
El portador del mensaje fue Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el empresario expresó su preocupación por aquellas dependencias que se vieron más afectadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019
En general, el paquete económico cumplió con la promesa de austeridad: al menos cuatro secretarías experimentaron un drástico recorte en sus recursos y lo mismo ocurrió con alrededor 120 programas sociales que desaparecieron o redujeron su financiamiento, como las estancias infantiles, apoyo al campo, a jefas de familia, promoción turística, entre otros.
45
Aproximadamente 45 por ciento de los recortes estuvieron relacionados con las cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil y de separación individualizada, en tanto que 24 por ciento correspondió una reducción de aguinaldo o gratificación de fin de año y de compensaciones salariales.
+120
La mayor preocupación que existe en este momento es que si se les aprieta el cinturón a las dependencias, con el paso del tiempo las operaciones de algunas se pueden paralizar.
Sin embargo, Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), explica que esto sólo ocurriría sin la adecuada ejecución.
“La idea es que se deje de ser un Estado burócrata para convertirse en uno más eficiente. El gobierno tiene margen para hacer nuevos recortes, pero debe tener cuidado porque si despide a personal con conocimientos muy especializados el efecto puede ser contradictorio”
En los últimos dos sexenios, la cantidad de trabajadores en el sector público aumentó de forma importante. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón se incluyeron a la nómina del gobierno a más de 650 mil burócratas, mientras que con el expresidente Enrique Peña Nieto 200 mil más.
Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartó que una nueva ola de recortes a las dependencias federales afecte su operatividad en el largo plazo.
“Siempre se están haciendo ajustes en el gasto a partir de la evolución de la economía y de los ingresos. Tenemos que estar cuidadosos, pero no hay nada dramático en el desarrollo del presupuesto”, dijo el funcionario tras su participación en un foro de inclusión financiera organizado por la Embajada Británica en México y Banco Santander.
Para las autoridades hacendarias en este momento los dos temas prioritarios son el superávit primario y la inversión pública, ésta última ha caído en los últimos años.
A esto se suma que México se encuentra en el último lugar a nivel internacional como el país con el mayor rezago en recaudación de impuestos como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A pesar de que la administración no ha precisado en qué momento de este año podría realizar un ajuste presupuestal, Jorge Sánchez adelanta que Hacienda tiene todas las herramientas legales para hacerlo cuando vea que el escenario se comienza a ensombrecer.
“El Gobierno federal ha entendido que con las finanzas públicas no se debe jugar y sabe que es preferible hacer ajustes, antes que asfixiar al país con más deuda o elevar impuestos a los mexicanos”.