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La undécima edición del Índice de Paz México  informa que los homicidios dolosos, los delitos con violencia o con arma de fuego, la delincuencia organizada e incluso el miedo a ser víctima de un delito, son factores que han originado un impacto económico en el país de 4.9 billones de pesos en 2023. Foto: Especial

El costo económico de la violencia en México a final de sexenio

La falta de seguridad y paz en México tiene un claro reflejo en la economía nacional, lo que genera un costo significativo para consumidores y hasta grandes empresas

El impacto negativo que registra la economía mexicana debido al clima de violencia por el que  actualmente atraviesa genera una huella profunda entre consumidores, micro negocios y hasta grandes empresas; cuestión que a pesar de disminuir ha dejado a su paso un sinfín de afecciones humanas y monetarias durante los últimos años.

México ha sido reconocido por su gran capacidad productiva y por diversas ventajas que hoy en día lo posicionan como uno de los escenarios estelares, a escala global, en el marco de la reconfiguración comercial por la que atraviesa el mundo; sin embargo, dichas expectativas se ponen en riesgo por el gran problema que afecta al país, la crisis de violencia e inseguridad.

En ese contexto, la undécima edición del Índice de Paz México (IPM) 2024 informa que los homicidios dolosos, los delitos con violencia o con arma de fuego, la delincuencia organizada e incluso el miedo a ser víctima de un delito, son factores que han originado un impacto económico en el país de 4.9 billones de pesos en 2023, lo que equivale al 19.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Al respecto, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, organismo responsable de hacer el informe, señala que los fenómenos de violencia afectan y distorsionan la dinámica económica del país al grado de que, para pagar el costo de que generan, cada mexicano tendría que pagar  37 mil 430 pesos, el equivalente a 4.9 salarios mínimos mensuales.

“Estamos frente a fenómenos sistémicos, esto significa que la economía y la violencia se retroalimentan en ambos sentidos, si bien la violencia deteriora la economía, cuando la economía mejora se abren posibilidades de que mejoren los niveles de paz en el país, es un ir y venir”, destaca el especialista en entrevista exclusiva para Reporte índigo.

También detalla que, de acuerdo con el documento, la paz ha mejorado 1.4 por ciento en 2023 en todo el territorio nacional, en contraste, en 17 de las 32 entidades se reporta un mayor deterioro, con una brecha en cuanto al impacto económico per cápita que muestra una variación significativa, pues va desde los 12 mil 407 pesos en Yucatán, la entidad con menos problemas delincuenciales, hasta los 112 mil 660 pesos en Colima, estado con las mayores cifras de violencia.

Ante ese panorama Elena Azaola, investigadora del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, explica: “En los últimos años hubo una reducción, pero hay que aclarar que en parte se debe a la influencia de la pandemia de COVID-19, la mejora no la percibe la ciudadanía, pues las mediciones siguen arrojando datos graves que no pasan en otro lado (…) México sigue siendo de los países más peligrosos para ser periodista, activista, policía, político y si midieramos más también para ser mujer o incluso niño, el estudio muestra que es un país peligroso”.

Balance al final de la administración

El gobierno actual ha enfrentado una crisis de violencia durante toda su administración, siendo 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, el año con el mayor impacto económico, pues tuvo un costo de aproximadamente seis billones de pesos, desde entonces, con influencia de la pandemia, el IPM ha mostrado algunas mejoras marginales.

De acuerdo con el informe, el impacto económico de la violencia fue casi seis veces mayor que las inversiones realizadas en salud y más de cinco veces superior a las realizadas en educación durante 2023, en contraste, el gasto de México en seguridad pública y el sistema judicial fue igual al 0.65 por ciento del PIB, menos de la mitad del promedio de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en 1.72 puntos porcentuales.

Al ser cuestionado sobre el balance que se da en el cierre de sexenio, Juárez abunda: “En los último años no han habido los resultados que queremos, necesitamos mejores políticas que combinen los programas que hemos visto en esta administración, de becas a jóvenes o de atención a causas sociales, pero que vayan conectadas con las políticas de seguridad pública y que conecten con el sector privado, las universidades y las organizaciones de sociedad civil”.

¿Cuál es el futuro del país entre tanta violencia?

México puede mejorar su futuro con la toma de decisiones correctas respaldadas por recursos presupuestales, y con ello revertir las consecuencias que ha dejado la delincuencia, cuestión que incluso podría ampliar la riqueza que se genera dentro del país, destaca el IPM.

“Estamos construyendo el futuro, esto significa que para transformar las formas de violencia tenemos que empezar a construir desde hoy, es decir, prepararnos profesionalmente, fortalecer la capacidad de nuestros servidores públicos y mejorar la calidad de las instituciones, e incluso resolver la crisis que se vive desde la formación de las familias”, concluye el director de el Instituto para la Economía y la Paz en el país.

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