El costo de expropiar

Durante su mandato, Hugo Chávez impulsó un programa de estatizaciones masiva en diversos sectores estratégicos de la economía, lo que ha dejado al país con una abundante cantidad de demandas en tribunales internacionales y una baja credibilidad ante los inversionistas extranjeros.

Venezuela se retiró el año pasado pasado del órgano de arbitraje del Banco Mundial dejando varios casos pendientes de resolver, que superan los 45 mil millones de dólares.

El problema radica en que cuando las empresas tienen un ambiente de inversión poco predecible, es menos probable que se establezcan en el país y, cuando lo hacen, demandan mayores tasas de retorno para sus inversiones.

De acuerdo con un estudio reciente en Latinoamérica, las ciudades venezolanas de Caracas, Maracaibo y Valencia se posicionan en los últimos lugares del ranking de ciudades más atractivas para la inversión.

Entre los sectores económicos más afectados se encuentran el del petróleo, electricidad, alimentos, telecomunicaciones y banca. 

Las expropiaciones arbitrarias son las que más afectan la credibilidad del país y a las cuales las empresas mexicanas también han tenido que enfrentar.

De acuerdo a un análisis realizado por la Confederación Venezolana de Industriales, se reveló que entre el 2002 y 2012 el gobierno de Chávez expropió a más de mil empresas extranjeras y nacionales.

En el caso de nuestro país, destacan las disputas realizadas con Cemex, Coca-Cola Femsa y la productora de maíz Gruma.

Contra los molinos 
de Gruma 

Después de 3 años de negociaciones fallidas, la productora mexicana de maíz Gruma demandó la semana pasada al gobierno de Venezuela por la expropiación de sus operaciones.

Como parte de la revolución socialista del fallecido presidente Hugo Chávez, se ordenó la nacionalización de la empresa en el 2010. 

No obstante, hasta la fecha se le había permitido a Gruma continuar operando 15 plantas con la participación conjunta del gobierno.

La demanda se presentó ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el 6 de junio. Sin embargo, el trámite se encuentra pendiente de admisión hasta que el tribunal decida si procede la demanda contra Venezuela, que se retiró del CIADI el año pasado.

Desde enero, Gruma ha dejado de consolidar las operaciones de Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Damaseca) en su reporte de resultados del primer trimestre debido a que fue despojada del control de dichos activos. 

Derivado de lo anterior, las acciones de Maseca han caído un 4.3 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.

Acuerdo con Cemex

En el caso de la cementera más grande del país venezolano, el gobierno tomó la desición de expropiar a la empresa en el 2008, lo que inició una disputa ante el CIADI.

La disputa se centró en que el precio ofrecido por Venezuela a cambio de la expropiación de Cemex se encontraba muy por debajo del mercado y constituía una violación a los tratados internacionales de inversión. 

Si bien cada país tiene la facultad de expropiar empresas y bienes por diferentes razones, la apropiación debe cumplir con un estándar mínimo internacional para dotar de certeza jurídica a los inversionistas.

Al final, se llegó a un acuerdo donde Venezuela accedió a pagar alrededor de 600 millones de dólares en efectivo y bonos a la empresa mexicana. 

A pesar de que esta cantidad fue menos de la mitad de lo que Cemex había demandado, decidió aceptar la oferta y retirarse del tribunal internacional.

Después de una recuperación financiera de la empresa, su presidente Lorenzo Zambrano Treviño afirmó a principios de año que dentro de la proyección de Cemex se encuentra el posible retorno al mercado de Venezuela. 

El regreso de la cementera depende de la evolución política del país tras la muerte del presidente Hugo Chávez.

“Vamos a esperar qué sucede, a que se estabilice la situación política venezolana y estaremos muy pendientes de qué pasa”, declaró Zambrano en la Asamblea Anual de Cemex celebrada en marzo pasado.

La posible reincursión de la empresa en Venezuela sería a través de la compra de plantas existentes y el impulso de nuevas factorías, pero sigue sin haber una propuesta oficial.

Las presiones de Femsa

La empresa mexicana Coca-Cola Femsa ha enfrentado diferentes presiones por parte del gobierno de Venezuela, sin llegar hasta el momento a una expropiación formal.

De manera similar al caso de la empresa Constructora Nacional de Válvulas, el gobierno venezolano ha sido acusado de fomentar conflictos laborales con los trabajadores de Femsa. 

El propósito es dejar a la empresa en quiebra para facilitar y justificar la expropiación por parte del gobierno.

En ese sentido, la semana pasada terminó una huelga de 24 días que realizaron los trabajadores de la planta más grande de Femsa en Venezuela ubicada en la ciudad de Valencia. 

El conflicto inició cuando un grupo 50 trabajadores abandonaron la discusión del contrato colectivo al no estar satisfechos con las condiciones planteadas y cerraron las puertas de la planta. Mientras tanto, la empresa calificó a la huelga como ilegal y arbitraria.

Se calcula que el conflicto haya costado el 15 por ciento de las ventas de mayo y unas 200 mil horas-hombre de trabajo, mientras que algunas zonas de Caracas registraron una escasez de productos como bebidas gaseosas, agua embotellada y jugos.

Coca Cola Femsa es la embotelladora más grande del mundo en términos de volumen, con una distribución anual de 2.5 billones de cajas. Los ingresos que representa la filial venezolana a Femsa son alrededor del 18 por ciento.