Un grupo de banqueros movió sus fichas de manera silenciosa. Durante algún tiempo nadie se percató de estas operaciones, sin embargo, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puso la lupa sobre ellos descubrió evidencia probable de una colusión.
Hoy, esta investigación, que inició en octubre de 2016, se encuentra en una etapa crucial, ya que la comisión a cargo de Alejandra Palacios emplazó a estos jugadores del mercado al determinar que realizaron prácticas similares a la de los cárteles con el objetivo de manipular los precios de los bonos del gobierno mexicano.
Si se comprueba que las acusaciones en contra de siete instituciones financieras son ciertas, esto representaría un duro golpe para el sector, ya que se pudo haber afectado el mercado de dinero y con ello existe el riesgo de que las tasas de interés en el corto plazo también se hayan alterado.
Hasta el primer semestre de este año, el sistema bancario manejaba más de 800 mil millones de pesos solo en inversiones a plazo, es decir, en mercado de deuda, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).
A pesar de que la Cofece no ha hecho públicos los nombres de los bancos involucrados por una cuestión legal, desde que se dio a conocer la investigación hace tres años se relacionó a Bank of America; Barclays; BBVA Bancomer; Citibanamex; Deutsche Bank; JPMorgan, y Santander México.
Pero, hasta la fecha, el único que se ha deslindado es el español Santander; en una postura oficial, la institución informó que sus directivos fueron notificados el pasado 8 de octubre, aunque precisó que el documento recibido no establece ninguna responsabilidad, debido a que solo marca el inicio del juicio. El resto de los bancos permanece en silencio.
Mario Di Costanzo, quien fue titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), asegura que las instituciones involucradas sabían lo que estaban haciendo y aún así acordaron manipular los precios para inhibir o hacer a un lado al resto de la competencia.
Los banqueros operaron como un cártel porque pensaron que no iban a ser castigados o que incluso el gobierno trataría de sensibilizar a la Cofece para que no se continuara con el proceso y con ello evitaran ser multados
Autoridades del organismo regulador han declarado que si los jugadores violaron la ley se les podría imponer una sanción por hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales y a las personas que hayan coadyuvado se les multará con 180 mil o 200 mil veces el salario mínimo.
En caso de que a los bancos se les determine alguna responsabilidad, Di Costanzo descarta alguna afectación en su nivel de liquidez, ya que su índice de capitalización ronda entre 14 y 132 por ciento, de acuerdo con la CNVB.
De manera conjunta, la multa ascendería a unos 20 mil millones de pesos, cifra considerable, pero al repartirse entre las instituciones sujetas a esta investigación no las pone en riesgo. El talón de Aquiles son sus utilidades y lo que reparte bajo este concepto a sus inversionistas y accionistas fuera del país.
Cabos sueltos de la Cofece
El emplazamiento es la notificación en la que se informa a los agentes económicos que son probables responsables de cometer una conducta anticompetitiva y que, a partir de ese momento, tienen el derecho de iniciar su defensa.
La Ley Federal de Competencia Económica establece que quienes sean emplazados podrán manifestar lo que a su derecho convenga.
En este caso particular, los siete bancos involucrados tienen hasta el 23 de enero de 2020 para presentar su alegatos de defensa, en tanto que el Pleno de la Cofece deberá emitir una resolución final a más tardar el 28 de julio del próximo año
Este tipo de prácticas se han replicado en todo el mundo: a inicios de 2019, la Comisión Europea informó a ocho bancos que habían violado las normas antimonopolio de la Unión Europea, entre 2007 y 2012, con un esquema colusorio, que tenía como objetivo distorsionar la competencia al adquirir y negociar bonos del gobierno europeo.
Otro escándalo que sacudió al sistema financiero fue en 1995, cuando directivos de Daiwa Bank informaron que Toshihide Iguchi, uno de sus empleados en la oficina de Nueva York, realizó operaciones en el mercado de bonos, las cuales provocaron pérdidas por un billón de dólares.
Para Antonio Sandoval, economista y analista de mercados financieros, es preocupante el hecho de que las autoridades encargadas de regular y supervisar al sistema, como Hacienda y la CNVB, aún no se hayan pronunciado.
Sería muy grave que la Cofece acusara a las instituciones sin tener pruebas concretas y en este momento hay mucha incertidumbre, ya que la información no se está manejando de una forma abierta y transparente
