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Una publicación reciente en The Economist, revista especializada en temas de economía, señala que los países de Latinoamérica no cuentan con gobiernos capaces de diseñar, evaluar y supervisar grandes proyectos de infraestructura
El crecimiento en infraestructura de transporte en México se ha sostenido durante años en la inversión de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Bajo este esquema, las autoridades realizan contratos con la inversión privada para cubrir los costos de proyectos. El objetivo de las APP’s es, por un lado, reducir el gasto gubernamental, y por otro, ampliar el número de proyectos.
En otras palabras, las APP’s están diseñadas para aumentar la inversión. Sin embargo, la experiencia señala que los proyectos bajo este tipo de asociaciones son caros y ninguno de los involucrados queda satisfecho.
Una publicación reciente en The Economist, revista especializada en temas de economía, señala que los países de Latinoamérica no cuentan con gobiernos capaces de diseñar, evaluar y supervisar grandes proyectos de infraestructura.
Además de los problemas de corrupción en México, hace falta una dependencia especializada capaz de determinar los costos reales de un proyecto, los beneficios que traería al Estado y los abusos por parte de las empresas privadas.
El problema se agudiza cuando se trata de gobiernos locales donde la autoridad regulatoria en temas de planeación es casi inexistente. El caos vial que existe en las principales ciudades del país son un ejemplo de la falta de supervisión.
Otro de los problemas es la alta carga burocrática que representan las APP’s. Realizar concursos, establecer contratos y vigilar los posibles actos de corrupción representan un costo adicional al proyecto.
Además, la experiencia nos advierte que los proyectos realizados entre el gobierno y los particulares pueden terminar en grandes litigios, lo que significa otro gasto.
Este fenómeno ha sido bautizado por Ricardo Hausmann, profesor venezolano de la Universidad de Harvard, como el síndrome de “Felipe II”.
En homenaje al difunto monarca español caracterizado por control obsesivo sobre el imperio americano, Hausmann afirma que los países en Latinoamérica ejercen estrictos controles que a menudo atrasan la construcción de las obras con la buena intención de eliminar los problemas de corrupción.
El problema de las APP’s puede ser solucionado si el gobierno decide financiar de manera directa los proyectos de infraestructura.
En otras épocas, la falta de recursos públicos representaba un gran obstáculo, pero hoy en día el gobierno cuenta con más recursos y realizar inversiones de manera directa podría significar un ahorro.
Plan de infraestructura
No todas las APP’s representan malas inversiones.
El problema radica en la dependencia del Estado en la Iniciativa Privada para concretar los proyectos.
Los particulares siempre negocian a su favor. Además de que existen colusiones con funcionarios públicos y otras grandes empresas abusan de su poder de mercado, también es cierto que construir carreteras es riesgoso.
Las remuneraciones obtenidas a través de los cobros en casetas no son suficientes para compensar las inversión de los desarrolladores. Esto significa que el gobierno debe mantener subsidios para hacer atractivos los proyectos.
Al final, los costos inflados representan un mal curso de acción por parte de las autoridades.
Los análisis cobran mayor importancia si se toma en cuenta que más de la mitad de las inversiones en materia de Comunicaciones y Transportes contempladas para todo el sexenio actual proviene de empresas privadas.
Aún y con este complemento, la inversión promedio anual en infraestructura de transporte es del 0.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En contraste, The Economist señala que en Latinoamérica se necesita una inversión aproximada del 4 por ciento del PIB para crecer de manera adecuada.
Las lecciones de la Línea 12
Un caso que ilustra los problemas de las APPs en la inversión en infraestructura de transporte es el de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Esa obra ha resultado costosa y actualmente no se encuentra operando como debería debido a fallas.
También conocida como la Línea Dorada, este proyecto fue emprendido en conjunto por el Gobierno del Distrito Federal, el Gobierno Federal y un consorcio integrado por las constructoras ICA, Alstom y Carso.
A pesar de que el contrato original proyectaba un costo (con impuesto al valor agregado incluido) de 17.5 mil millones de pesos, terminó costando más de 24.5 mil millones de pesos, un sobrecosto de más del 40 por ciento.
Y actualmente el proyecto ni siquiera es completamente operacional, ya que debido a problemas técnicos con los rieles y vagones utilizados se ha tenido que suspender el servicio en 11 de sus 20 estaciones.
En la Línea 12, los beneficios de escoger utilizar una APP para realizar el proyecto no se han observado.
Por si fuera poco el sobrecosto y las inconveniencias para el erario, el gobierno local ha tenido que asumir los costos de las reparaciones.
A esto se agrega el que la rendición de cuentas por los desperfectos no se ha logrado, a pesar de las investigaciones de las autoridades, ya que las empresas involucradas tuvieron diferentes niveles y áreas de participación en el proyecto, y tanto estas como el gobierno han buscado evitar cargar con la responsabilidad de las fallas.
