La hora de la verdad
La dependencia de la economía mexicana respecto a Estados Unidos no es un asunto nuevo para los inversionistas ni para las autoridades de política económica en el país.
Rodrigo Carbajal
La dependencia de la economía mexicana respecto a Estados Unidos no es un asunto nuevo para los inversionistas ni para las autoridades de política económica en el país.
Esto quedó en evidencia durante la crisis global de 2008. Ante la debacle del sistema financiero mundial y el colapso de la economía real estadounidense, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 4.7 por ciento en el 2009.
Hoy, ocho años después, la economía mexicana se enfrenta a su mayor reto externo desde la caída del banco Lehman Brothers.
Esta elección, en la que, como nunca, México se ha encontrado al centro del debate público, definirá el futuro económico del país.
La retórica proteccionista de las campañas de Hillary Clinton y Donald Trump amenazan el eje central de la relación económica entre México y Estados Unidos: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Este acuerdo comercial no sólo representa el pilar fundamental de la modernización industrial de México, sino que es uno de los componentes más relevantes para el crecimiento económico. El 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, estas representan alrededor del 26 por ciento del PIB.
Además, la diferencia entre la tasa de crecimiento y el nivel salarial entre regiones con industrias de exportación y regiones sin industrias de exportación es abismal. En el 2014, la firma de consultoría McKinsey hizo referencia a este fenómeno de divergencia en un reporte titulado “Un cuento de dos Méxicos: crecimiento y prosperidad en una economía de dos velocidades”.
McKinsey concluyó que el TLCAN representa el mayor factor de desarrollo económico en el país.
Plataformas adversas
En caso de que Donald Trump gane las elecciones, Estados Unidos podría declararle la guerra comercial a México desde el primer día de la presidencia del hoy candidato republicano. La promesa de Trump de decretar una tarifa arancelaria de 30 por ciento a las importaciones mexicanas se encuentra dentro de las facultades del jefe del ejecutivo. Al igual que el inicio del proceso de renegociación del TLCAN, esta medida no requeriría de la aprobación del Congreso.
Por otra parte, la presidencia de Trump podría presionar al gobierno mexicano a pagar por la construcción del muro fronterizo, una de las propuestas más consistentes de su campaña.
La confiscación de remesas y el condicionamiento del pago de programas de seguridad como la Iniciativa Mérida se convertirían en el instrumento del gobierno estadounidense para incentivar a las autoridades mexicanas a financiar uno de los proyectos de infraestructura de mayor envergadura en la historia reciente de Estados Unidos.
El año pasado, México recibió alrededor de 25 mil millones de dólares en remesas. Tres cuartas partes de éstas estuvieron destinadas a familias de los seis deciles con menores ingresos del país, de acuerdo al INEGI.
Si el gobierno de Trump decide castigar a las instituciones financieras que procesan las remesas, mediante leyes parecidas a las de combate al lavado de dinero, el gobierno mexicano estaría obligado a responder de alguna manera frente a las millones de familias afectadas.
A pesar de que resultan claras las consecuencias negativas de la victoria de Trump, la plataforma económica de Hillary Clinton también genera dudas para el futuro comercial entre México y Estados Unidos.
Al igual que Trump, la candidata demócrata se ha opuesto públicamente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su siglas en inglés), el mayor tratado multilateral del mundo, del cual México es un país signatario. El TPP es comúnmente referido como la actualización del TLCAN.
Clinton ha prometido triplicar el número de agentes comerciales y designar un procurador especial de comercio que le reporte directamente a la jefa del ejecutivo respecto del balance de costos y beneficios de los tratados comerciales de Estados Unidos con otros países. Esto implicaría una revisión a fondo del TLCAN.
Plan de contingencia: limitado
El consenso de analistas proyecta una recesión para México en 2017 en caso de que el candidato republicano llegue a la Casa Blanca. De acuerdo a versiones periodísticas, los pronósticos oficiales para este escenario situarían al tipo de cambio en 22.50 pesos por dólar.
En ese sentido, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, han insistido en que México cuenta con un plan de contingencia ante la posibilidad de que Trump gane las elecciones.
Sin embargo, a diferencia de hace ocho años, la capacidad de reacción de la economía mexicana frente a un choque externo es limitada.
En el 2008, México mantenía niveles relativamente bajos de deuda pública y la política de déficit fiscal cero era prácticamente inamovible.
En cambio, ahora el país se encuentra en un proceso de consolidación fiscal, marcado por un recorte al gasto público de casi 240 mil millones de pesos que se terminará de efectuar en el 2017.
Dado que la calificación de deuda soberana del país pende de un hilo, el uso de una política fiscal expansiva queda descartada. De igual forma, un alza agresiva en la tasa de interés de referencia por parte del banco central podría incidir en un deterioro del riesgo de default, exacerbando la
salida de capitales y alterando las expectativas inflacionarias.
La respuesta de política económica, entonces, estaría limitada a un aumento de impuestos y a un alza moderada en los tipos de interés, acompañada de inyecciones de liquidez al sistema financiero a través de operaciones de mercado abierto por el Banco de México.