Las medidas anunciadas por el gobierno electo para reducir el IVA e ISR en la zona fronteriza, podrían representar una pérdida recaudatoria de entre 83 mil y 104 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La propuesta de la administración federal que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre consiste en reducir el IVA a una tasa del 8 por ciento y el ISR a personas morales a una tasa de 20 por ciento en la frontera norte en el país, con el objetivo de aumentar la competitividad en la zona frente a los Estados Unidos.
De acuerdo con un análisis, esta propuesta de tasas diferenciadas tendría un efecto nocivo en cuanto a la recaudación.
Si se redujera la tasa del IVA de 16 por ciento al 8 por ciento podría derivar en una pérdida recaudatoria que va desde los 51 mil millones de pesos hasta los 55 mil millones de pesos.
En el caso del ISR, si se sigue la propuesta de reducir este impuesto en la región fronteriza de un 30 a un 20 por ciento, podría resultar en una pérdida recaudatoria de entre 31 mil millones de pesos hasta 49 mil millones de pesos, según estimaciones del CIEP.
Además, otro de los posibles efectos que tendría la disminución de la carga impositiva, sería que las empresas transfirieran utilidades a esta región con el incentivo de pagar menos impuestos.
“Esto puede generar efectos e incentivos difíciles de cuantificar, ya que las utilidades de empresas, sobre todo las que cuentan con subsidiarias en diferentes partes del país podrían mover sus utilidades a zonas con tasas más bajas como parte de una estrategia fiscal para reducir el pago de impuestos”, señala el estudio del CIEP.
En el análisis se detalla que a pesar de que la medida podría aumentar la competitividad en la zona fronteriza y atraer mayor inversión y consumo, dejaría un importante hueco en las finanzas públicas, ya presionadas por cambios sociodemográficos que tienen implicaciones en el presupuesto, sobre todo con aumentos en el gasto en pensiones y salud.
Es por ello, que una de las propuestas del CIEP consiste en el establecimiento de reglamentos y leyes que eviten la movilidad de ingresos, buscando la manera que éstas se cumplan sin incurrir en altos costos administrativos.
