En el 2010, Grecia emergió como el caso más extremo de la crisis de deuda de Europa. En ese año, el país llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el Banco Central Europeo y con la Comisión Europea para recibir un paquete de rescate que, en última instancia, evitaría su salida de la Unión Europea.
Desde entonces, Grecia se ha convertido en el escenario de un debate del papel que juega la austeridad como directriz de política económica y del futuro mismo de la Eurozona.
La experiencia griega ha dejado un saldo de tres paquetes de rescate, una contracción de casi un 25 por ciento de su economía en relación a los niveles previos a la crisis del 2008, así como un enfrentamiento constante entre deudores y acreedores.
En el 2015, esta diferencia se colocó en lo más alto de la lista de riesgos globales de los inversionistas. Hoy, Grecia vive una reedición de este enfrentamiento.
Para muchos, la reunión de 19 ministros de finanzas europeos que tuvo lugar ayer en Bruselas representaba el foro ideal para resolver la emergencia griega. Si los acreedores de Grecia no desbloquean el acceso a parte de los fondos del tercer rescate, es altamente probable que el país enfrentará una suspensión de pagos.
El encuentro de Bruselas significó la última oportunidad para que los gobiernos europeos atendieran este conflicto antes del inicio de procesos electorales en Francia y los Países Bajos. En ambos países, el ascenso de movimientos escépticos del proyecto europeo es evidente. Por lo tanto, el consenso de analistas considera que, un resultado electoral adverso al status quo, dañaría seriamente las perspectivas de solución del problema de deuda griego.
Jeroen Dijsselbloem, ministro de finanzas de Países Bajos y presidente del Eurogrupo, ha sido insistente en el argumento de que los procesos electorales no tienen injerencia alguna en el impasse de la deuda griega.
FMI vs Europa
Tradicionalmente, el conflicto ha estado marcado por una profunda diferencia de criterio entre los deudores y acreedores. Sin embargo, ahora, gran parte del problema está concentrado en posturas divergentes entre los acreedores: los gobiernos europeos y el FMI.
Desde el punto de vista del FMI, los niveles de deuda de Grecia son insostenibles. El organismo ha puesto sobre la mesa la opción de retirarse del rescate de más de 90 mil millones de dólares si el gobierno griego no se compromete a ejercer medidas de austeridad más extremas. Asimismo, el FMI sugiere que es necesario realizar una quita de deuda.
Para los gobiernos europeos, sobre todo para Alemania, esto es inaceptable. Tanto Dijsselbloem como Wolfgang Schaeuble, ministro de finanzas alemán, han dicho que es necesario que el FMI forme parte del rescate financiero.
El gobierno griego, dirigido por el partido de izquierda Syriza, ha aprovechado la coyuntura para levantar la voz sobre un viejo reclamo: austeridad excesiva. Las condiciones para liberar los fondos del tercer rescate financiero incluyen la adopción de una reforma fiscal y pensionaria de corte restrictivo (equivalente al 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB)), así como el mantenimiento de un superávit fiscal primario de 3.5 por ciento del PIB para el siguiente año.
A los ojos del FMI, estas metas son inalcanzables dada la trayectoria de crecimiento actual de Grecia. Esto contrasta con el pronóstico de los gobiernos europeos de que la economía griega crecerá 2.7 por ciento este año. Esta divergencia fue puesta de relieve por un funcionario europeo, quién dijo que el FMI está usando “estadísticas de la Universidad de Trump”.
El conflicto se prolonga, pero el tiempo sigue su curso. Los compromisos financieros de Grecia de este verano superan los 10 mil millones de euros.