¿Dónde acaba el territorio Slim?

La narrativa mediática ha generado la impresión de que Carlos Slim ha sido la víctima más evidente de la oleada reformista del gobierno de Enrique Peña Nieto. El año pasado, el diario The New York Times publicó un artículo cuya conclusión puede inferirse desde el título: “Carlos Slim tiene un nuevo rival: el mismo Estado que lo ayudó a crear su fortuna”.

Sin embargo, para los críticos del empresario que controla el mayor número de acciones de América Móvil, la resolución que emitió ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja ver una realidad diferente.

La tarifa cero, una de las medidas asimétricas más agresivas que fueron impuestas al agente económico preponderante (América Móvil), fue declarada anticonstitucional.

Con la entrada en vigor de la reforma de telecomunicaciones, las empresas de Carlos Slim perdieron la facultad para cobrar a sus competidores  todas las llamadas terminadas en su red. El espíritu de la reforma, en aras de propiciar un mercado competitivo, pretendía que esta medida fuera temporal, mientras se restablecían las condiciones de eficiencia del sector.

La eliminación, o reducción, de las tarifas de interconexión representa una de las demandas más añejas de los competidores de América Móvil. El caso, incluso ha llegado al grado de exigir la intervención de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Reacciones encontradas

Ahora, la decisión de la Suprema Corte pudiera abrir un nuevo episodio de confrontación con Estados Unidos, en un momento en el que se lleva a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. AT&T, una de las empresas de mayor influencia política en Washington, ha advertido públicamente que la cancelación de la tarifa cero significaría un golpe de incertidumbre para su modelo de negocios en México, donde la empresa ha comprometido 7 mil millones de dólares desde que la reforma de telecomunicaciones entró en vigor en el 2014.

 Telefónica, una empresa española, también expresó su descontento: “El modelo de negocio de las empresas del sector se ha construido sobre la permanencia del marco jurídico existente, este cambio en las reglas del juego tendrá serias consecuencias en la sustentabilidad y composición del sector”.

Pese al descontento que generó en la industria, voces influyentes del sector refieren que la Suprema Corte no actuó sobre una base técnica, sino que lo hizo sobre una base jurídica. El argumento del proyecto de dictamen del ministro Javier Laynez, que fungió como el lineamiento de una resolución unánime, expresa que la tarifa cero es anticonstitucional porque fue el Congreso y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el ente que la determinó. Irene Levy, presidenta de la organización Observatel, sostiene que la Suprema Corte actuó de manera correcta ya que la ley establece expresamente que corresponde al organismo regulador determinar esta tarifa debido a su cualificación técnica.

El Senado de la República hizo público su descontento. Voces como la del senador de Morena, Zoé Robledo, y el senador con licencia, Javier Lozano, dijeron que la decisión de la Suprema Corte significaba un retroceso ya que inhabilita al Congreso para legislar en materia de telecomunicaciones.

“Bonito momento de conceder amparo (a) Telmex; justo cuando inicia la renegociación del TLCAN; la Suprema Corte hizo pedazos la certidumbre jurídica de inversiones”, escribió en Twitter. “Es un golpe brutal a la reforma de telecomunicaciones”, agregó.

Pese a ello, Rodrigo Morales Elcoro, excomisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia, refirió que la decisión de la Suprema Corte no debilita a la reforma, sino que fortalece una política regulatoria predecible, de naturaleza autónoma y con bases técnicas.

A su vez, el IFT publicó un comunicado congratulándose de la decisión: “Con esta sentencia se avanza en la consolidación de un nuevo diseño institucional que fortalece el papel de los órganos reguladores del Estado”.

¿Empresario favorito?

La Suprema Corte estipuló que la tarifa cero se mantendrá vigente durante todo el año y que será el IFT el encargado de realizar este cálculo, el cual, se espera se mantendrá cercano a cero.

No es una decisión menor. Aunque la Corte resolvió que la cancelación de la tarifa cero no tendría efectos retroactivos (competidores no tendrán que pagar a América Móvil por las tarifas no cobradas desde 2014), un cálculo de Bloomberg estimó que estos costos podrían alcanzar los 800 millones de dólares.

Pese a que es una victoria parcial para Slim, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones es una victoria al fin, una más para uno de los empresarios favoritos del sexenio.

Los costos que ha pagado Carlos Slim por la reforma de telecomunicaciones han sido resarcidos con creces.

Los dos mayores proyectos económicos de la administración de Enrique Peña Nieto, la reforma energética y la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,  han beneficiado de alguna manera al accionista mayoritario de América Móvil.

Por un lado, Grupo Carso obtuvo (en consorcio) un contrato de casi 85 mil millones de pesos  para la construcción de una terminal en el nuevo aeropuerto.

Por otra parte, en la más reciente licitación petrolera (Ronda 2.3), Carso Oil & Gas obtuvo dos contratos para explotar campos terrestres.

La deliberación de la Suprema Corte respecto a la tarifa cero es otro round para Slim.