Críticos de la medida afirman que su implementación será costosa y sólo servirá para avergonzar a los directores sin ser útil para los inversionistas
En el acalorado debate global acerca de la desigualdad de ingresos, las autoridades financieras estadounidenses acaban de echar leña al fuego.
Este miércoles la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó una medida que obligará a las empresas que cotizan en los mercados financieros a revelar la diferencia entre el salario mediano de sus empleados y el de su director ejecutivo a partir del 2017.
Con tal de reducir la carga regulatoria que esto impone sobre las empresas, la SEC puntualizó que la publicación de esta diferencia salarial tendrá que actualizarse sólo una vez cada tres años, y que las empresas podrán excluir hasta el 5 por ciento de sus empleados en el extranjero de sus cálculos.
De proceder, este nuevo requisito proveerá más información para quienes critican la creciente desigualdad de ingresos presente en la mayor economía del mundo.
El Instituto de Política Económica, un grupo de investigación afiliado al movimiento sindical estadounidense, estima que el salario promedio de los directores ejecutivos de las 350 mayores empresas estadounidenses (medidas por ingresos) creció 997 por ciento entre 1978 y 2014, mientras que el de los empleados en un rol no-supervisor sólo creció 10.9 por ciento durante el mismo periodo.
Bajo el mismo cálculo, el instituto indica que en 1978 un director ejecutivo estadounidense ganaba 30 veces más que su empleado típico, mientras que en 2014 esa diferencia había alcanzado las 300 veces.
Desigualdad prioritaria
En los últimos años, el debate acerca de la desigualdad de ingresos y riqueza ha atraído la atención de economistas como Paul R. Krugman y Joseph E. Stiglitz (ambos ganadores del Premio Nobel en Economía) y Thomas Piketty, autor del libro “El capital en el siglo XXI”.
Pero más allá de un debate ético o ideológico, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el combate contra la desigualdad debería de ser prioritario por una razón mucho más simple y pragmática: la desigualdad de ingresos es mala para el crecimiento.
En un reporte publicado en junio de este año, el FMI indicó que si la población cuyos ingresos se encuentran en el quintil más alto de una economía ve un aumento de 1 punto porcentual en su participación en el total de ingresos esto reducirá el crecimiento económico de ese país en 0.08 puntos porcentuales durante los siguientes cinco años.
Si en cambio el aumento de 1 punto porcentual se da en la participación del quintil más bajo, se puede esperar un incremento de 0.38 por ciento en el crecimiento económico durante el mismo periodo, según señala el reporte del FMI.
De igual forma, una investigación reciente por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que un incremento de dos décimas en el coeficiente Gini de un país (que va del 0 al 1, de total igualdad a total desigualdad de ingresos) corresponde a una caída de 4.7 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB).
Controversial requisito
La revelación ahora impuesta por la SEC ya era requerida por la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, aprobada en 2010, pero su implementación resultó ser controversial y se retrasó.
Incluso la actual aprobación de la SEC se dio de forma dividida entre los cinco miembros de la comisión, con tres votos a favor y dos en contra.
Los dos comisionados republicanos de la SEC, junto con grupos de interés del sector privado, justifican su desacuerdo con la medida señalando que es costosa y que sólo servirá para avergonzar a los directores ejecutivos sin ser útil para los inversionistas.
De hecho, Bloomberg reporta que se prevé que organizaciones como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos o la Mesa Redonda Empresarial demanden a la SEC para frenar la implementación de la nueva regla.
Los demócratas y los sindicatos, por otro lado, señalan que la medida servirá para que los inversionistas tengan más información al momento de votar sobre los paquetes de compensación ejecutiva de sus empresas.
Durante la reunión del miércoles, Mary Jo White, comisionada presidenta de la SEC, dijo que “aunque no hay duda que esta información viene con un costo, la regla final recomendada por el personal (de la comisión) provee a las empresas flexibilidad sustancial para determinar la relación de pago y al mismo tiempo se mantiene fiel a los requisitos” de la Ley Dodd-Frank
