Descarrilan la inversión

La fallida licitación del tren rápido México-Querétaro es uno de los principales retos que el Gobierno tiene que superar para atraer proyectos de inversión al país.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la suspensión indefinida de la licitación como parte de un paquete de recortes presupuestarios. Las autoridades defendieron la acción como necesaria debido a la caída internacional de los precios del petróleo que presionan a los ingresos del Estado.

La decisión fue apoyada por analistas y líderes de la inversión privada que calificaron al proyecto desde un inicio como caro e innecesario.

Sin embargo, la suspensión fue anunciada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una conferencia de prensa sin estar fundamentada en un procedimiento legal.

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha solicitado, tanto a Presidencia como a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que den a conocer las bases legales que motivaron la suspensión del proyecto, pero sigue sin haber una respuesta satisfactoria.

Este tipo de problemas evidencia la debilidad del Estado de Derecho que se vive en México, lo que causa que inversionistas extranjeros sean más cautelosos al momento de hacer proyectos en el país.

Por ejemplo, una de las empresas más afectadas por la suspensión es la asiática China Railway Construction Corporation (CRCC), la cual ya había realizado un gasto considerable en estudios para concursar en la licitación.

Al igual que con la suspensión, en noviembre se le revocó la concesión del tren a CRCC bajo el argumento de que existía muchas dudas de legitimidad en la opinión pública, sin otorgar un documento oficial que avale la acción.

Algunos analistas apuntan a que, en el mejor de los casos, el tren rápido podría ser reactivado en el 2017 cuando la presente administración termine su mandato.

Peor que la inseguridad

El gran potencial que representa el país y la oportunidad histórica para explotarlo fue calificado por la revista The Economist como el Mexican Moment hace un par de años.

Para algunos, esta definición no pudo ser más correcta ya que el país vivió sólo “un momento” de furor que ya desapareció. Otros apuntan que la oportunidad no se ha ido por completo y que no es  tarde para tratar conseguir un alto crecimiento económico prolongado.

Sin embargo, lo que no está en discusión es que el país perdió parte de su atractivo frente a los inversionistas.

En la última mitad del año pasado se juntaron varios problemas sociales, políticos y económicos. La prensa internacional pasó de hablar sobre las reformas estructurales aprobadas, a enfocarse en los temas de inseguridad que acosan al país, principalmente el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Pero más allá de la violencia, a lo que los inversionistas les preocupa es la corrupción. Es por eso que la revocación del tren rápido y su más reciente suspensión representan un reto más grande para el Gobierno que la inseguridad.

La mayoría de las empresas internacionales están acostumbradas a trabajar en ambientes con altos índices de delitos. Esto representa solamente un aumento en el costo de sus operaciones que pueden preveer, por ejemplo, tener que contratar seguridad privada.

Al contrario, en los casos de corrupción y licitaciones turbias, las empresas se enfrentan a un ambiente adverso que puede producir cualquier resultado.

Suspensión necesaria

Alrededor del mundo, la operación de trenes rápido depende de manera principal en los subsidios que los gobiernos realicen.

La construcción de este medio de transporte requiere de una gran inversión que no es negocio debido a su baja demanda. Incluso en países de la Unión Europea donde la población está más acostumbrada a viajar en tren, estos proyectos sólo son sostenibles con la ayuda de subsidios.

De acuerdo con el Banco Mundial, cada kilómetro de recorrido requiere una inversión que varía entre los 25 y 39 millones de dólares en Europa.

Este costo depende de varios factores, muchos de los cuales están ligados con el tipo de terreno. Por ejemplo, el nuevo tren rápido de California en Estados Unidos, tendrá un costo aproximado de 56 millones de dólares por kilómetro.

El país que ha conseguido reducir de manera considerable los costos es China, donde se estima que cada kilómetro de tren rápido ha requerido una inversión de entre los 17 y 21 millones de dólares.

En comparación, el gobierno de México esperaba una inversión de 43 mil 600 millones de pesos para la licitación del tren México-Querétaro para un recorrido de 210 kilómetros. Esto significaba alrededor de 14.8 millones de dólares por kilómetro, muy por debajo de los niveles internacionales. El resto del dinero  lo hubiera tenido que desembolsar el Gobierno.