¿Cuánto cuesta un voto?

Entregar dinero a cambio de votos o favores políticos no es algo nuevo, o exclusivo de la cultura mexicana.

Existen casos documentados desde la antigua Roma, en donde los candidatos con más dinero contrataban a “intérpretes” políticos, que se encargaban de reunir a los votantes de las localidades y llevarlos a votar el día de la elección.

En respuesta, en el año 67 antes de cristo, una ley hizo ilegal la “trata” de votantes.

Y a lo largo y ancho del mundo, siglos después, el acto de pagar por votos sigue vigente.

¿Jabón o un colchón?

Los casos y regalos documentados varían desde barras de jabón en la República Democrática del Congo, hasta colchones o dinero en efectivo en Argentina.

En las pasadas elecciones de México, el Movimiento Progresista ha presentado pruebas, unas más creíbles que otras, de acciones parecidas por parte del PRI.

Sin embargo, sin negar o aceptar la existencia de estos casos, la evidencia empírica sugiere que ni siquiera es una estrategia costo-efectiva, es decir, que comprar por votos obedece más a una estrategia de seguro que como una inversión redituable.

En un ensayo, el académico Alberto Simpser, de la Universidad de Chicago, propone cuantificar con pesos lo que sucedió en las últimas elecciones en México.

Para contemplar este costo, se deben tomar en consideración varios factores, como escribe Simpser: el costo de cada voto, es decir la transferencia monetaria en sí; la eficiencia de cada pago en proveer un voto; la diferencia de votos necesarios para ganar la elección y, finalmente, otros costos adicionales, como la planeación, organización y mantener presencia en áreas rurales.

Para cuantificar el costo, uno de los factores más importantes es la efectividad.

Es decir, el partido debe tener mecanismos para asegurarse de que los pagos se traducen en votos, pues si no la efectividad será baja.

En caso de que esto no sucediera, pagarían, pero no necesariamente por votos.

Gasto ilógico

Inclusive si estos “candados” son muy buenos, puede caber la posibilidad del escenario “contra factual”, como se llama en las ciencias sociales.

Esto consiste en pagar por un voto que ya estaba destinado al partido. Desde el punto de vista del partido que está comprando votos, es ilógico gastar dinero en personas que votarían por su candidato sin ningún estímulo económico.

Por los problemas anteriores, no es fácil asegurar que una elección, en su totalidad, puede ser ganada solo por compra de votos.

En las pocas evidencias que se tienen a nivel internacional se calcula la eficiencia de comprar un voto desde el 16 por ciento, para un caso en Argentina, hasta el 45 por ciento para un caso en Taiwán.

Esto significa que, en el caso con mayor efectividad jamás estudiado, y usando las mismas cifras que el Movimiento Progresista da a conocer, el PRI tuvo que haberle pagado a 11 millones de electores, casi 14 por ciento de la lista nominal, para alterar el voto de 5 millones de éstos.

Considerando que la cifra estimada de Alberto Simpser por “regalo” es de 700 pesos, se obtiene que el costo por voto es de mil 540 pesos.

Claro, el promedio de los regalos podría ser menor (un estudio de las elecciones del 2000 lo calcula entre 250 y 500 pesos), pero en ese caso, la efectividad bajaría todavía más, puesto que menos personas están dispuestas a ser comprados conforme baja el valor del regalo, según un estudio de Jeff Conroy-Krutz,  profesor de la Universidad de Michigan.

Incluso si la efectividad fuese mayor, la suma que se tendría que haber gastado es inmensa. Por ejemplo, con un 100 por ciento de efectividad, el PRI se habría gastado 3 mil 500 millones de pesos tan solo en comprar votos, sin incluir gastos de campaña o medios.

Para efectos de comparación, esta cifra sería solo un poco menor a lo que Obama gastó por persona en el 2008, la campaña más cara en la historia de Estados Unidos.

En vista de los números, cambiar el rumbo totalmente de una elección con tan amplio margen como sucedió en la pasada, sería prácticamente imposible.

Lo que sí sugieren los demás casos de estudio es que comprar votos funciona más como una especie de seguro contra accidentes electorales que una inversión.

La solución: más participación

Un ejemplo es en Nigeria, donde persisten las prácticas de contratar a personas en los partidos que tienen una “comprensión intuitiva del electorado”, como se cita en un estudio del Consejo para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en África, realizado en 2008.

Los investigadores encuentran que estas prácticas surgen porque los partidos son poco adeptos a convencer a una población que no está acostumbrada a movilizarse o adaptarse a una manera de hacer política participativa.

La incertidumbre asociada a cualquier elección, y más una cuyas personas no son participativas, hace que los partidos opten por tácticas fuera de la ley, como una forma para asegurar su victoria.

Una de las maneras de hacer esto es pagando en especie o efectivo a las personas que normalmente votarían por ese partido, pero que tal vez se ausentarían el día de las elecciones por indiferencia o apatía.

En pocas palabras, la solución para evitar la compra de votos no son más leyes, sino más participación, tanto en contra de los partidos con los que no se está de acuerdo como a favor de los que sí.