Una pregunta los puso en jaque. “¿Qué proponen para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo?”. Aunque los cinco candidatos se mostraban seguros y listos para responder, la realidad es que ninguno pasó la prueba de fuego en el primer debate.
“El nuevo formato del debate no permitió que los candidatos hicieran respuestas muy elaboradas. Hubo varios aciertos, pero, muchos quedaron a deber en propuestas y ninguno dio una respuesta en concreto sobre cómo hará frente a la corrupción cuando llegue a Los Pinos”, dice José Luis Cruz, consultor político.
No importa quién gane los comicios el 1 de julio, el próximo presidente deberá incluir como tema prioritario de su administración el combate a la corrupción.
“El tema de esta campaña es continuidad contra cambio”
A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de nuestro país empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.
135
Esto ubica a México en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, nuestro país se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
7 mil 218
En 2017, este mal le costó a la economía mexicana 7 mil 218 millones de pesos, cifra 12.5 por ciento a la registrada dos años antes, esto quiere decir que a cada mexicano la corrupción le valió 2 mil 273 pesos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.
El próximo presidente deberá incluir como tema prioritario el combate a la corrupción
“El tema de esta campaña es continuidad contra cambio. Hay cuatro candidatos que quieren seguir con el mismo modelo que ha existido desde hace años, y sólo uno quiere acabar con eso. Los votantes tendrán la última palabra”, precisa Cruz.
Margarita Zavala: Cultura de legalidad
Con un discurso dirigido, principalmente a mujeres, la candidata independiente Margarita Zavala aseguró que “la corrupción no se acaba con buenas voluntades”, por eso propuso fortalecer una nueva cultura de legalidad.
Julio Jiménez, catedrático e investigador de la Universidad La Salle, asegura que esa cultura no debe emanar sólo de la Presidencia de la República, pues, “la cultura de la legalidad la hacemos todos”.
Para que la candidata pudiera lograr su promesa sería necesario impulsar una campaña intensa, bien dirigida, con mensajes muy claros y con todo el respaldo de las instituciones educativas con la finalidad de que esto se convierta en parte de la vida diaria de los mexicanos.
“La cultura de legalidad no tiene que ser un tema que dependa de lo electoral, tiene que ser una forma y un estilo de vida para erradicar la corrupción”, explica el catedrático.
José Antonio Meade: Contratos celebrados por el gobierno abiertos y transparentes
“Lo que más indigna es la corrupción, pero, no basta sólo hablar de ella, hay que combatirla”, con esta frase el candidato por la coalición ‘Todos por México’, José Antonio Meade, comenzó a responder la pregunta hecha por los moderadores durante el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El exsecretario de Hacienda aseguró que de llegar a la presidencia en su gobierno no habría “más moches, ni Estafas Maestras” y propuso una serie de puntos, entre los que destaca que todos los contratos del gobierno serán abiertos y transparentes.
En 2016, entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, nuevo marco normativo, la cual tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Julio Jiménez califica como “necesaria” la iniciativa de Meade, aunque reconoce que se tendrían que hacer ajustes a la ley.
“Esta propuesta es jurídicamente viable y procedente, además de necesaria. Al hacerla se daría certeza y sería un acierto para el nombre de José Antonio Meade”, expone.
No obstante, el catedrático reconoce que si el candidato por la coalición ‘Todos por México’ llegara a Los Pinos, los partidos que lo respaldan no le permitirían cumplir con esto, pues, sería darse un balazo en el pie al tomar en cuenta el historial de escándalos de corrupción que tiene el PRI. “Es buena la intención, aunque en la realidad sólo se quedaría en eso”.
Ricardo Anaya: Muerte civil a corruptos
Especialistas coinciden en que el mejor preparado del primer debate fue el candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, aunque tampoco estuvo exento de un par de descalabros.
El panista se mostró a favor de las fiscalías independientes y reformar el Artículo 108 Constitucional para que el presidente pueda ser juzgado por casos de corrupción.
Pero, la propuesta que más llamó la atención fue la de “dar cárcel y muerte civil a quienes cometan actos de corrupción y que nunca más puedan trabajar en el gobierno”.
La muerte civil quiere decir que la persona acusada pierde todos sus derechos para ejercer cargos de elección pública o popular, así como ser representante en alguna ONG.
Para el catedrático de la Universidad La Salle asegura que la decisión es una propuesta acertada, pero, plantea que debe ir más allá de sólo encontrar y encarcelar a los responsables.
“Esta es la clase de iniciativas que se deben crear para combatir a los corruptos, pero, el mecanismo no debe enfocarse sólo en ya no dejarlos trabajar en la administración pública, también debe haber un mecanismo jurídico que les obligue a devolver lo que robaron”, sostiene.
‘El Bronco’: Cortar manos a quien robe
La iniciativa del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ tomó relevancia en redes sociales. Sin embargo, es un tema que no debe tomarse a la ligera y menos con burla, asegura Julio Jiménez.
Por principio, la iniciativa no cuenta con un sustento legal, no sería aprobada por el Congreso mexicano y en caso de plantearse una posible revisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sociedad civil se opondrían.
El catedrático expone que en México existe un porcentaje muy alto de personas en los reclusorios que están acusadas de robo de manera injusta, por lo tanto la medida del gobernador con licencia de Nuevo León está fuera de contexto histórico.
“Es legal y constitucionalmente improcedente. ‘El Bronco’ es un candidato que no tiene argumentos, ni ideas claras y sólo dice lo primero que se le viene del estómago”.
Andrés Manuel López Obrador: Reducir sueldo del presidente
El abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la corrupción comenzaba con la cabeza de un gobierno. “Se puede acabar con la corrupción si hay voluntad del presidente”, añadió.
Una de las propuestas del candidato puntero fue que reducirá en un 50 por ciento el sueldo del Ejecutivo Federal si llega a ganar la elección.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) establece una partida especial para la asignación del sueldo del presidente de la República, los gastos de su familia, así como los del Estado Mayor.
Al respecto, el investigador de la Universidad La Salle, considera que la iniciativa es positiva si se ordena una austeridad en que la que no sólo al presidente se le reduzca a la mitad su sueldo, sino a todos los funcionarios del gobierno y que, además, se les fiscalice el ejercicio del gasto público.
Sin embargo, el catedrático advierte que es importante cuestionar si la medida se podría realizar dadas las condiciones económicas y el escenario político al que se enfrentaría en materia legislativa.
“Bajar el sueldo al presidente es una buena iniciativa, pero, es pura demagogia, ya que es absolutamente improcedente”
Julio Jiménez
Catedrático e investigador de la Universidad La Salle