“Internet para todos”. Esa ha sido una de las máximas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la Estrategia Digital Nacional, pero a tres años del inicio de su gestión sólo hay una “hoja de ruta” para garantizar a la población el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como se establece en el artículo seis de la Constitución mexicana.
El pasado 16 de agosto la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el documento “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024”, mismo que advierte que se privilegiará “la austeridad como un principio del bien común, relativo a lograr servicios de alta calidad en el máximo aprovechamiento de recursos y la disminución del gasto”.
Lo anterior refleja una de varias contradicciones en el documento cuyos objetivos generales son incrementar la cobertura de internet a todo el país para combatir la marginación y comunicar las zonas más pobres y alejadas” y “transformar la Administración Pública Federal mediante el uso y aprovechamiento de las TIC”.
“Por una parte (La EstrategiaDigital Nacional) habla de los beneficios de la adopción de tecnologías si las incorporas a la gestión pública, pero luego viene la parte de combate a la corrupción, la austeridad, eso no está dentro del alcance de una estrategia digital”
“Incorporar las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) requiere una renovación constante, sobre todo en aspectos como la parte de seguridad, no puedes evitar las compras de software o gestión de parches de meses atrás sólo porque eso es consistente con la austeridad”, señala Jesús Romo, analista de Telconomia.
La austeridad como el primer punto de los principios de la Estrategia Digital Nacional se enfoca en “lograr servicios de alta calidad con el máximo aprovechamiento de recursos y disminución del gasto”, y entre sus objetivos específicos señala la estandarización de las compras de TIC a través de acciones transparentes, austeras y efectivas que generen ahorros y maximicen el ejercicio responsable de los recursos públicos.
Entre las líneas de acción que destacan por tratar de cumplir con dicho objetivo están el desarrollo de soluciones tecnológicas propias de acceso abierto, definir una instancia central de análisis técnico y económico de los proyectos tecnológicos, priorizar el uso de Software Libre y estándares abiertos y facilitar la reutilización del código de programación de las aplicaciones gubernamentales, entre otras.
El documento advierte que existen experiencias gubernamentales negativas que han usado las promesas y alcances potenciales de “la moda de la digitalización y de las TIC” como pretexto para la dilapidación de recursos públicos.
Pero mientras esta Estrategia Digital Nacional se enfoca en la independencia de algunos proveedores de tecnologías y empresas, también en sus objetivos se encuentra el impulso a la Red Compartida, un proyecto de la administración pasada cuyo principal propósito era alentar la competencia económica, señala Romo.
“El rol de la red compartida es dar el uso de esa concesión que tiene el gobierno de 700 megahertz comprobando esos 92 por ciento de cobertura pero siendo una plataforma para hacer competencia en el segmento móvil. No hay una noción de independencia bien definida y hay una línea de acción directa de fomentar el uso de la red compartida, esa es otra contradicción”, advierte.
Otro punto sin aclarar en esta “hoja de ruta” para la disminución de la brecha digital del país es el monto de recursos públicos que se destinarán para este cometido, advierte el especialista.
Con el pretexto de “la moda de la digitalización y de las TIC” se han dilapidado recursos públicos, advierte el documento en el que se delinea la Estrategia Digital Nacional 2021-2024
Desconexión digital rural
En México hay 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72 por ciento de la población, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020 elaborada por el INEGI.
Aunque se trata de una proporción de usuarios que aumenta año con año, los datos del INEGI advierten que estos se concentran en las zonas urbanas del país, en tanto que en las rurales apenas abarca a la mitad de la población.
“En las zonas rurales no hay ni para uso fijo de internet y eso lo puedes observar en zonas no muy remotas, en Nuevo León por ejemplo, si te sales del área urbana y vas a un lugar que se llama Allende, que ni siquiera una ciudad perdida, hay déficit de conexiones fijas, incluso si te vas a poblaciones rurales en donde hay campo, en donde tienen menos industrialización ahí ni siquiera se tiene garantizada la banda ancha móvil”, señala Romo.
Para cerrar esta brecha digital en el país será necesaria una inversión de más de tres mil 790 millones de dólares, de los cuales 42.9 por ciento deberían estar enfocados en las áreas rurales, de acuerdo con cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el estudio “Brecha Digital en América Latina y el Caribe: Informe Anual de Índice de Desarrollo de Banda Ancha”.