Con olor a tinta
Los tatuajes son un negocio rentable para los participantes del mercado en México, aunque el sector aún se enfrenta a la falta de profesionalización y a prejuicios dentro del ámbito laboral y social
Nayeli Meza OrozcoEl negocio de los tatuajes vive un auge, pero aún no logra quitarse de encima varios estigmas. En la última década, esta industria creció 50 por ciento en México impulsada por la apertura social al arte corporal que pasó de estar relacionado con bandas criminales a convertirse en el estandarte de millones de mexicanos.
De acuerdo con propias estimaciones de profesionales del medio, en 2002 existían en todo el país alrededor de mil tatuadores, en la actualidad, la cifra asciende a 6 mil, quienes a la semana realizan en conjunto aproximadamente 30 mil trabajos en lienzos humanos.
Sin embargo, el dato es difícil de precisar en virtud de que no existe un registro nacional sobre los establecimientos que se dedican a esta actividad en territorio nacional.
Si bien aunque no se puede cuantificar el valor de mercado local, los participantes del sector aseguran que aún tienen margen de maniobra para crecer en sintonía con lo que ocurre en otros países.
En Estados Unidos, por ejemplo, los tatuajes y el arte corporal se han disparado, especialmente entre los millennials, alimentando a una industria compuesta por 20 mil salones y estudios. La consultora Market Data estima que la industria, que también incluye la perforación corporal y la eliminación de tatuajes, tiene un valor de 3 mil millones y está creciendo a pasos agigantados.
Los ingresos promedio por estudio en México superan los 250 mil pesos anuales y cada artista percibe entre 800 hasta 5 mil pesos por cada cita, aunque esto depende del tamaño del diseño.
Hernán Tovar, tatuador e ilustrador, comparte que si bien la industria experimenta un boom, a la par se enfrenta a importantes retos entre los que destaca la apertura masiva de establecimientos que no cuentan con los mínimos requisitos legales y sanitarios para operar.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emite la Tarjeta de Control Sanitario para Tatuadores, Perforadores y Micropigmentadores, que regula y permite practicar procedimientos de esta índole en el país.
El documento tiene un costo de 5 mil 412 pesos, según la información disponible en el portal de internet de la comisión.
La profesionalización de los artistas es otro de los obstáculos que ensombrecen al negocio, ya que tatuar genera ganancias para los que lo hacen bien, pero también para los que intentan lucrar con el bolsillo de sus clientes, sobre todo, aquellos que son primerizos en este arte.
Leonel Marín, tatuador e ilustrador, comparte que hace ocho años decidió apostar por la ruta segura y capacitarse en el Instituto de Investigación y Capacitación en Micropigmentación (I.In.Ca.MiP), en lugar de conformarse con sólo ser el ayudante de alguien más.
“La técnica es muy importante, pero aunque tengas años dedicándote a esto cada día es un aprendizaje. No puedes arriesgarte porque tu responsabilidad es el cliente y el tatuaje que se lleva, por eso debes tener cuidado con el manejo de los espacios y con los materiales que utilizas”, manifiesta el artista.
Borrón y cuenta nueva
Dentro de la ecuación del negocio está presente otro elemento: los procedimientos no invasivos, pero eficaces para eliminarlos.
Samantha Guevara vio en este nicho una oportunidad para comenzar un negocio en 2012. Bajo la premisa de eliminar las “malas decisiones”, la empresaria española radicada en México fundó Missink.
“Cuando alguien toma la decisión de quitarse la tinta de su piel está cerrando un ciclo importante porque siente que ya no pertenece a ese momento cuando se realizó el tatuaje”, dice la directora general de la clínica especializada.
El mercado de la eliminación de tatuajes va a paso seguro, aunque no se expande como quisieran sus participantes.
Guevara comenta que los especialistas de Missink han concluido más de 5 mil procedimientos en los que emplea un sistema de láser cosmético.
El costo mínimo por sesión es de alrededor de 600 pesos y el número de visitas a cualquiera de las sucursales se determina con base en el tatuaje.
Aunque la tecnología avanza y Samantha Guevara asegura que el costo será mucho más accesible conforme ingresen al mercado nuevos y mejores equipos, la empresaria adelanta que la industria aún está lejos de alcanzar a otros mercados como el estadounidense, donde el año pasado se realizaron más de 100 mil procedimientos.
“Este negocio está creciendo en México, pero todavía no es muy significativo, necesitamos de más tiempo para que haya una maduración de los profesionistas y podamos competir a nivel internacional”.
Sin espacio para la discriminación
En la actualidad, los tatuajes son muy comunes entre los mexicanos, pero al momento de solicitar un trabajo algunos profesionistas son rechazados.
En promedio, 32 por ciento de la población de 18 años y más en México tiene al menos un tatuaje y las mujeres representan la mitad de los clientes de los estudios, de acuerdo datos de Statista.
Roberto Castillo, fundador de Mi capacidad no es tatuada, es demostrada A.C (MCTD), dirige la primera asociación civil a nivel nacional e internacional a favor de la no discriminación laboral y social de personas modificadas corporalmente.
Este 2019 cumplen cuatro años de haberse conformado como asociación civil y ocho como movimiento. Durante este tiempo, Castillo ha promovido una estrategia digital enfocada al marketing social que va de la mano con la defensa de los derechos humanos de esta población.
En el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México se establece que “queda prohibida cualquier forma de discriminación (…) por tener tatuajes o perforaciones corporales”.
No obstante, muchos empleadores prefieren dar excusas para evitar problemas generando un daño no sólo laboral, también emocional para el profesional.
La asociación civil trabaja de la mano con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con el objetivo de brindar asesoría a las personas que hayan atravesado por una situación relacionada con su condición física.
El 23.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque poco a poco se comienzan a derribar las barreras, Roberto Castillo refiere que aún queda mucho camino por recorrer para ganarle la batalla a la discriminación laboral en México.
“La única forma de acabar con esta situación es abogar por la cultura de la denuncia y que las personas modificadas corporalmente hagan valer sus derechos ante cualquier instancia”.