Donald Trump puso a temblar al mundo otra vez. El presidente de Estados Unidos anunció que el Departamento de Comercio inició una investigación sobre si las importaciones de vehículos están dañando a la economía estadounidense y cómo esto puede afectar a la seguridad nacional, con la intención de aplicar un arancel de hasta 25 por ciento.
“Le solicité al secretario (de Comercio Wilbur) Ross comenzar un estudio bajo la Sección 232 sobre las importaciones de vehículos, incluidos camiones y piezas de repuesto para determinar su impacto (..)”, precisó Trump en un comunicado.
La medida se da en un momento crucial para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que el lento avance en temas cruciales como el capítulo relacionado con la industria automotriz ha llevado al acuerdo a un punto incierto en el que ninguno de los tres países involucrados está dispuesto a ceder.
El sector ha sido un tema álgido durante toda la renovación, al grado de que ni siquiera el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se ha atrevido a hablar de ello de manera abierta.
Aunque la amenaza no es nueva, para José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), esta vez no debe tomarse a la ligera, debido a que el riesgo de que se cumpla es alto.
“Lo que está planteando el presidente Donald Trump es una amenaza seria. La investigación es una medida de presión para los gobiernos de México y Canadá, en el sentido de que si no se logra actualizar el TLCAN como quiere, buscará la forma de afectar a sus socios”, advierte De la Cruz.
Tras darse a conocer el anuncio de la investigación, la Presidencia de la República aseguró que el gobierno mexicano no se precipitará y buscará llegar a un acuerdo que beneficie al país.
“Que quede claro: México no va a negociar a base de presiones, México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no, no nos vamos precipitar. De llegar a un acuerdo será aquel que realmente beneficie a México, si no existen esas condiciones, México no va a avanzar en ese sentido”, dijo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia.
México y Mazda, los grandes perdedores
Si el presidente Trump hace efectiva su amenaza, México sería el país más afectado. Cifras del Departamento de Comercio muestran que el valor de los autos mexicanos importados en Estados Unidos es de 46 mil 900 millones de dólares; seguido de los provenientes de Canadá, cuyo valor asciende a 42 mil 500 millones, mientras que los vehículos de Japón y Alemania, 39 mil 800 y 20 mil 200 millones, respectivamente.
Del lado de los fabricantes, Mazda, la unidad Jaguar Land Rover de Tata Motors y Mitsubishi Motors resentirían la mayor parte del golpe de las medidas proteccionistas del mandatario estadounidense.
Por principio porque todos los vehículos que esas compañías venden en territorio estadounidense son importados. Estimaciones de Bloomberg Intelligence revelan que las ventas de los fabricantes de automóviles europeos podrían verse afectados por alrededor de 25 mil 800 millones de dólares.
La alemana Volkswagen se enfrentaría a un problema mucho mayor, ya que sus plantas de producción están ubicadas en México.
En este sentido, Armando Soto, presidente ejecutivo de Kaso & Asociados, expone que la medida también afectaría a las automotrices estadounidenses como General Motors, Chrysler y Ford.
“Estas empresas importan vehículos que se producen en territorio mexicano, entonces, al imponer aranceles, Estados Unidos se estaría dando un balazo en el pie”, precisa el especialista.
Investigación sin fundamentos
Algunas de las razones por las que Trump ordenó la investigación es por que la venta de automóviles importados ha crecido en los últimos 20 años, de 32 a 48 por ciento del total, mientras que los empleos en la producción de vehículos cayó más de 22 por ciento.
Sin embargo, Luz María de la Mora, directora general y fundadora de LMM Consulting, opina que estas razones no son suficientes para justificar la investigación.
“Es una medida completamente innecesaria que lo único que va a hacer es distorsionar el comercio, la oferta y elevar el precio de los productos en Estados Unidos porque ninguna empresa le pidió (a Trump) que impusiera aranceles”, detalla la especialista, quien también fue parte del equipo de negociación del TLCAN original.
La medida se hubiera podido justificar en 2009, después de la Gran Recesión, cuando General Motors se declaró en bancarrota, con unos activos de 39 mil millones de dólares y una deuda de 176 mil 400 millones. La quiebra de la empresa emblema del sueño americano se convirtió en el mayor crack de una firma manufacturera en Estados Unidos.
En ese momento, el país necesitaba rescatar al gigante automotriz y millones de empleos. Hoy, el inquilino de la Casa Blanca sólo intenta proteger su mercado.
Luz María de la Mora asegura que México estará a a salvo, al menos en lo que transcurren los 270 días que tardará el proceso de la investigación. Sin embargo, la profesora afiliada en la División de Estudios internacionales del CIDE adelanta que no será una tarea sencilla que Washington pueda demostrar con argumentos sólidos que las importaciones que Estados Unidos realiza son una amenaza real para la seguridad del país.
“Le va a costar mucho trabajo al Departamento de Comercio presentar razones válidas que justifiquen la imposición de aranceles. No creo que lo logre, pero será interesante ver cómo le hará el gobierno del presidente Trump para demostrar que esto es un tema de seguridad nacional”.