Cofece condiciona compra de plantas a Iberdrola para preservar la competencia económica
Con la resolución del órgano regulador antimonopolio, se da un aval para avanzar en el trato que dará fortaleza a la labor que actualmente realiza la Comisión Federal de Electricidad
Gabriel NavaLa Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que, de cumplir con diversos requisitos que garanticen la preservación de la competencia dentro del sector eléctrico, dará el visto bueno para avalar la operación entre Mexico Infrastructure Partners (MIP) y el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para comprar 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola.
Lo anterior, de acuerdo a lo que estipuló el organismo regulatorio, buscará crear condiciones para que los compradores operen las plantas de manera independiente en el mercado y evitará un intercambio de información sensible o estratégica entre competidores, cuestiones que podrían provocar una situación de concentración de mercado.
La operación entre MIP, FONADIN e Iberdola está sujeta al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Cofece, que busca garantizar que no se generen riesgos a la competencia
“Los compradores deberán aceptar de manera expresa e incondicional las condiciones establecidas por el Pleno de la Comisión para poder cerrar la Operación y, en caso de que incumplan las condiciones una vez aceptadas, se podrán imponer las sanciones establecidas en el artículo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica”, expuso Cofece.
Específicamente, se solicitó A FONADIN reducir y mantener su inversión en un máximo de 51 por ciento, lo cual deberá concretarse en un plazo máximo de 24 meses, así como establecer controles para que las decisiones referentes a la administración de las plantas puedan ser adoptadas mediante votaciones con intervención obligatoria de inversionistas o miembros independientes.
Dichas condiciones, según estableció Cofece, tendrán una vigencia de 10 años y serán constantemente verificadas a través de diversos mecanismos para evitar cualquier daño al funcionamiento del mercado energético, buscando que se preserven las condiciones de competencia y libre concurrencia establecidas en la Constitución.
