Detrás de lo que parece una inocente deuda federal, se esconde un problema mayúsculo: el descontrol a nivel estatal.
Y es que desde los esfuerzos de descentralización que se han dado en los últimos 15 años, los gobiernos estatales tienen incentivos perniciosospor gastar cada vez más.
Aunque la federalización de los recursos implica que los estados gastan el 60 por ciento de los recursos mientras recaudan el 3, a las entidades también se les ha permitido endeudarse a discreción.
Al pleno estilo de Wall Street, los estados han girado cheques para todo tipo de actividades, esperando un rescate del gobierno federal.
Funciona así: los estados más prósperos tienden a tener calificaciones crediticias mucho más altas, pues las calificadoras consideran que tienen mayor capacidad de pago.
Gracias a calificaciones tan generosas, les es fácil emitir deuda garantizando cualquier activo presente o futuro.
La tenencia, los ingresos propios y administrativos, las participaciones, todos han sido hipotecados por los gobiernos estatales más sedientos de recursos.
A manos llenas
Convenientemente para los gobernadores, el gobierno federal no puede detener la emisión de más deuda, solo los congresos estatales, mismos que muchas veces son poco propensos a ir en contra de los deseos del ejecutivo. Es como regalar una tarjeta de crédito sin límite de saldo.
Por supuesto que la deuda estatal se podría justificar si fuera por inversiones de beneficio para la sociedad y que terminan por pagarse solas.
Sin embargo, esto no parece ser el caso. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, una de las entidades más endeudadas del país, el 79 por ciento del gasto se destina a gasto corriente, es decir nóminas y prestaciones.
Tan solo en los últimos siete días, las pasivos se han incrementando en 10 mil millones de pesos, un ritmo sin precedentes de expansión.
Otro ejemplo de libro de texto es el de Michoacán, que tras años de gastar más allá de sus posibilidades, solicitó un rescate financiero la semana pasada por 19 mil millones de pesos.
Desde el 2000, la deuda en esa entidad ha crecido en 7 mil 700 por ciento.
El estado de Veracruz también brilla por sus pasivos, que se dispararon en 157 mil por ciento entre 2000 y 2012. En promedio, la deuda se ha duplicado cada 11 meses desde entonces.
Contra el bolsillo del ciudadano
Bajo métricas comunes de comparación, poco sentido tiene endeudarse a esos niveles. Una razón no puede ser el aumento en la población porque la deuda por persona en todos los estados incrementó. En Nuevo León pasó de 2 mil 300 pesos a 9 mil 700 de 2001 al primer trimestre de 2012.
En Quintana Roo se debían 850 pesos por persona a finales del 2000, hoy la cifra es de 10 mil 392 pesos.
En Coahuila, cada ciudadano del estado debe, gracias a los préstamos contraídos por su gobierno, 13 mil 280 pesos.
Tampoco se debe a programas contra la pobreza.
De los 10 estados más endeudados por persona, el que mejor desempeño tuvo en aliviar la pobreza de 2000 a 2005 fue Quintana Roo, en donde se redujo 12 puntos la tasa de incidencia de pobreza alimentaria.
Sin embargo, su vecino Campeche logró una disminución de 17 puntos con menos de un cuarto de deuda, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La inversión parece también ausente, pues en los estados con mas deuda, el gasto corriente (nómina y prestaciones) es en promedio 80 por ciento del total, aunque esto es lejos de ser certero, pues en los sitios oficiales de los gobiernos de Coahuila y Quintana Roo la cuenta pública donde se enlistan los gastos no aparece.
La prestación de los servicios públicos más básicos, como la seguridad, incluso se han reducido en el mismo periodo, pues los estados han despedido a miles de policías bajo la tutela del gobierno federal y con el fin de limpiar a las corporaciones.
Que suene la alarma
Dadas las circunstancias, para muchos gobernadores ya la única salida fácil sería un rescate por medio del gobierno federal.
Pero esto significaría que los estados que no han podido contraer tanta deuda, justamente por ser más pobres, tendrían que subsidiar a los que se les pasó la mano pidiendo.
Además, absorber los pasivos estatales representaría un incremento de casi el 100 por ciento de la deuda federal, lo que sin dudas pondría muy nervioso a los mercados que ya están viviendo algo parecido en Europa.
Esto es, en el fondo, un problema de incentivos que se debe solucionar lo más pronto posible.
Las calificadoras deben ser las primeras en sonar la alarma. El ritmo al que muchos estados están emitiendo deuda, un 34 porciento anual, es insostenible y las calificaciones deben empezar a reflejar eso lo más pronto posible.
El gobierno federal también debería dejar que el primer estado que pida un rescate, se declare en quiebra.
Eso sería doloroso en el corto plazo, habría recortes fuertes de nómina y obra pública, pero mandaría a los demás gobernadores la señal de que deben cuidar sus finanzas.
De otra manera, un rescate masivo por parte del gobierno federal pondría en peligro a la economía de todo el país y a expensas de, sobre todo, los estados más pobres o más responsables.
